Doce días después del naufragio del 'Costa Concordia', con el resultado de 16 víctimas mortales y 22 desaparecidos, de los que 6 pueden ser los cuerpos de los que aún no se conoce el nombre, los buzos de la compañía holandesa Smit Salvage inspeccionan hoy el crucero tras haber descendido ayer unos 20 metros para estudiar las condiciones del casco y dar con la manera más segura de bombear las 2.380 toneladas de carburante depositadas en las bodegas, antes de comenzar a aislar el primer tanque de los 17 de los que se extraerá.

El responsable de la Protección Civil italiana, Franco Gabrielli, nombrado por el Gobierno de Mario Monti comisario extraordinario para la catástrofe, ha informado de que esperan comenzar el próximo sábado con la extracción del fuel. Se descarta que el crucero, parcialmente hundido frente a la isla del Giglio (Italia), se deslice hacia una sima de más de 90 metros de profundidad, lo que aumentaría el desastre ecológico.

Ayer se avistó frente a las costas de Giglio, una localidad de interés turístico, una mancha de hidrocarburo de cerca de 300 x 200 metros que se vertió el día del naufragio o siguientes y que se depositó en el fondo del mar, emergiendo ahora por las corrientes marinas. Además, basura y objetos de todo tipo procedentes del barco amenazan tanto el fondo marino como las costas, para cuya recogida las autoridades han pedido un plan a la naviera.

Pese a que las tareas de extracción del combustible parecen seguras -tras los movimientos de la semana pasada, el barco está sujeto en tres puntos por formaciones rocosas-, para evitar los movimientos que provocaría el vacío, mientras por una perforación en el casco se bombeará el combustible hacia unas cisternas, a través de una segunda apertura, se irá rellenando el tanque con agua de mar.

El 'Salina Bay', buque enviado por la Unión Europea especializado en labores de recogida de combustible, llegó este fin de semana a la zona, que forma parte de un parque natural marino considerado uno de los ecosistemas más importantes del Mediterráneo, para colaborar con la Smit Salvage. El propio director ejecutivo de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA, por sus siglas en inglés) admite que "es una contribución modesta después de un accidente tan trágico y serio como éste"; el buque permanecerá en la zona las próximas semanas "como medida de precaución".

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha solicitado al Gobierno italiano que restrinja el acceso de los grandes cruceros en zonas ecológicas y culturales importantes, en concreto en Venecia y su laguna: se "refuerza la antigua preocupación sobre el riesgo que esas líneas suponen a enclaves inscritos en la lista del Patrimonio Mundial [...] El tráfico de cruceros es particularmente dañino debido a la frágil estructura de la ciudad. Los barcos provocan mareas que erosionan los cimientos de los edificios, contaminan y afectan la visión de la ciudad al 'empequeñecer' los monumentos en el centro" de la urbe.

Diez días antes, se vertían 200 barriles de petrólero en el oleoducto terrestre de Nembe, en Nigeria, y otros catorce días más atrás una fuga en la plataforma petrolífera de mar abierto de Shell en Bonga, una de las mayores de esta multinacional en ese país, derramó 40.000 barriles de petróleo al océano Atlántico durante una transferencia "rutinaria" a un petrolero, el peor vertido en alta mar en la última década según los funcionarios nigerianos. Fotografías desde satélites de la organización independiente Skytruth muestran una mancha que abarca un área de 70 x 923 km. Trece comunidades dependientes de la pesca, que ha prohibido en la costa la autoridad nigeriana, se han visto seriamente afectadas por la contaminación petrolífera. Grandes cantidades de denso petróleo han aparecido en las playas, dejando peces muertos a su paso, aunque Shell elude toda responsabilidad achacando dicho crudo a otro accidente.

El vertido arroja serias dudas acerca de la viabilidad de las operaciones de perforación petrolífera en mar abierto de Shell, que utiliza estas instalaciones de prospección ultraprofunda en Nigeria como ejemplo del nivel de seguridad de esta tecnología.

Shell es el mayor operador del delta del Níger, la región petrolífera de Nigeria, y ha mantenido una posición dominante desde su llegada en 1937. El petróleo se encontró en Oloibri en 1956. Desde 1960, las exportaciones de petróleo han generado unos ingresos de 600.000 millones de dólares para el Gobierno y las multinacionales.

Precisamente a Nigeria (el Norte), y también a Camerún (Norte), Burkina Faso y Senegal se ha extendido la preocupación que ya existía para Níger, Mauritania, Mali y Chad, respecto a la inminente hambruna de la que advirtió ayer el relator especial de la Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación: "No se pueden cometer los mismos errores del año pasado, cuando los agentes internacionales retrasaron su respuesta a la crisis del Cuerno de África". Unicef cifra en un millón el número de niños que sufren riesgo inminente de desnutrición si la comunidad internacional no se moviliza, y un informe reciente de Intermón Oxfam y Save The Children señala que, si la respuesta internacional a la crisis humanitaria de Somalia, Kenia y Etiopía hubiese llegado a tiempo, se habrían evitado miles de muertes. La ONU declaró la hambruna en el Cuerno de África en agosto, 6 meses después de la alerta de las ONG: más de 50.000 personas murieron en la región entre abril y agosto, la mitad de ellos niños menores de 5 años.

La mayor parte de la población de Nigeria sigue viviendo en la pobreza y sin garantía de suministro estable de combustible, electricidad o agua potable, sin que les beneficien las grandes cantidades invertidas por las empresas petroleras europeas. Este país africano exporta el 20% de su petróleo a Europa y el 31% de su gas natural a España. Repsol planea una gran planta de gas en el país para extraer 7 millones de toneladas al año.

Shell y otras empresas han estado aprovechando la falta de regulación de la industria petrolífera en mar abierto de Nigeria y han ocultado la cantidad, volumen y consecuencias de los vertidos de crudo. En el Golfo de Guinea, lejos de la costa y de la vigilancia de inspectores y defensores del medioambiente, se suceden los vertidos, las fugas y el abandono de residuos con total impunidad. Se estima que en los últimos 50 años se han derramado entre 9 y 13 millones de barriles en el Delta del Níger, que equivale un desastre similar al del Exxon Valdez cada año.

En los 90, la minoría ogoni del delta movilizó a miles de manifestantes contra los desastres ambientales y sociales de la petrolera pidiendo el fin de sus vertidos diarios y la quema ilegal de gas (mezclado con petróleo), compensaciones económicas por daños ecológicos y la distribución de la riqueza generada por el petróleo. Desde 1993 Shell no ha vuelto allí, pero se dedicó a financiar al régimen militar nigeriano en una serie de operaciones armadas que acabaron con la vida de miles de ogonis. El 10 de noviembre de 1995, el escritor y activista Ken Saro-Wiwa y otros ocho miembros de su pueblo eran ejecutados por el gobierno nigeriano.

En agosto de 2011, el Programa de la ONU para el medioambiente (PNUMA) publicó un informe sobre el impacto de los vertidos en las tierras de los ogoni. La ONU condenó a Shell y a Nigeria por incumplir los estándares industriales y ocultar una contaminación del delta del Níger que llevaría tres décadas eliminar. Los científicos certificaron que los pozos de agua potable en territorio ogoni habían sido contaminados con benceno (agente cancerígeno presente en el crudo) en una tasa 900 veces por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

En octubre de 2011, un informe del grupo activista británico Platform reveló la complicidad de Shell en las graves violaciones de derechos humanos responsabilidad del gobierno nigeriano entre 2000 y 2010. La empresa alimentó los abusos sistemáticos (asesinatos, tortura...) financiando grupos armados que, en uno de los casos, fueron responsables de la destrucción de la ciudad de Rumuekepe, donde al menos 60 personas podrían haber sido asesinadas.

Shell, no obstante, ha obtenido permiso para iniciar las perforaciones en el Ártico en el verano de 2012. Las consecuencias medioambientales en un mar helado podrían ser catastróficas y prácticamente imposibles de eliminar.

Repsol también espera comenzar las operaciones en dos nuevos pozos de petróleo (Lubina-1 y Montanazo D-5) 40 km. mar adentro de las costas del Delta del Ebro, en Tarragona, en octubre de 2012. Según la presentación remitida por la petrolera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estos dos pozos aportarán 6.000 barriles diarios, quintuplicando la producción que procesa la plataforma Casablanca, con la que la conectarán tuberías submarinas.

Y ello pese a que el juzgado nº 3 tarraconense abrió la vía penal contra Repsol por indicios de delito en al menos dos fugas de crudo, que la empresa no notificó a las autoridades, ocurridas en mayo y junio de 2009 durante las tareas de prospección que determinaron la "viabilidad" de estos dos pozos submarinos de difícil acceso.

Sin negar el PSOE de Don Benito que la presión fiscal en la localidad sigue siendo menor que en otras ciudades comparables, ha vuelto a lamentar que el Ayuntamiento creara la tasa de cajeros automáticos -Banesto ganó 125 millones en 2011 tras dedicar 400 millones a limpiar ladrillo- y la de aprovechamiento de dominio público para las empresas de agua, electricidad, gas y telefonía -Movistar ingresa casi un millón diario por alquilar y reparar los teléfonos fijos- en septiembre de 2008. Incluso en su queja de que a la subida, también entonces, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se añada ahora el 10% más por el Decreto Ley de 30 de diciembre del Gobierno central, no se percibe ninguna propuesta de progresividad en el impuesto.

También subió entonces el gobierno de Mariano Gallego el impuesto de Actividades Económicas, las Plusvalías y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y se actualizaron las ordenanzas fiscales de la Guardería Rural y la recontribución especial. En 2011 se ha creado la nueva tasa del alcantarillado y ha subido la del agua.

Cuando el PSOE se queja de los impuestos en los que se puede gravar de distinta manera según el nivel de renta (aquel "Es de izquierdas bajar los impuestos" by Zapatero), es porque guarda para después impuestos en los que ricos y pobres pagan lo mismo, como el IVA. Poca credibilidad tendrá un PSOE que intenta dejar atrás su imagen neoliberal si Zapatero sigue siendo su timonel ideológico y perseveran en oponerse, sin distinción de destinatario del impuesto (sea la Banca o Movistar) ni ánimo de progresividad alguna, a los aumentos de presión fiscal.

El 5 de octubre el Director General de Relaciones Informativas y Comunicación de la Junta de Extremadura confirmaba en la Comisión de Acción Exterior, Juventud y Deportes del Parlamento regional que se va "recuperar y ampliar el espíritu de una ley que ya está, que es de 1996, pero que no se quiso poner en práctica": la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. El objetivo sería "despolitizar" esta materia, haciendo que las campañas institucionales "sirvan a sus destinatarios legítimos, los ciudadanos, y no a quienes las promueven".

Si, como dijo el Director General, "la dualidad entre la naturaleza política y ejecutiva de la acción gubernamental debe mantenerse en esferas comunicativas separadas", ¿por qué ha ordenado el nuevo concejal de Cultura de Mérida dejar de ofrecer en la hemeroteca de la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner el diario "Público" para comprar diariamente "La Gaceta de Intereconomía", de tirada mucho menor y que viene a unirse a "La Razón", "ABC", "El Mundo" y "El País" que ya se venían adquiriendo como diarios de tirada nacional?

De poco valdrá controlar que la publicidad institucional no sea partidista si la publicidad de los partidos se sigue haciendo con cargo a las instituciones.

Ni el pacto PP-PSOE para que la Ley del Suelo de Extremadura permita desarrollar proyectos como la urbanización de lujo con campo de golf de Valdecañas en suelo no urbanizable de zonas protegidas por la Red Natura 2000, ni la reedición del pacto PP-PSOE para rechazar en el Pleno del 27 de octubre de la Asamblea la derogación propuesta por IU, podría ser suficiente para hacer urbanísticamente legal el proyecto Marina Isla de Valdecañas.

El acuerdo PP-PSOE se proponía tumbar las dos sentencias de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que declaraban nula la figura urbanística del Proyecto de Interés Regional (PIR) y para este caso concreto. Fueron recurridas por la empresa Marina Isla Valdecañas, la Junta y la Diputación de Cáceres -en representación de los ayuntamientos de El Gordo y de Berrocalejo.

En un auto conocido ayer y dictado el día 13, el TSJEx ordena paralizar las obras y la ocupación y uso de las instalaciones hasta que el Supremo se pronuncie, estableciendo que la reforma introducida en el artículo 11 en abril del año pasado "no tiene eficacia retroactiva y, por tanto, no era aplicable al Proyecto de Interés Regional", como tampoco lo era el proceso de homologación urbanística aprobado por la Junta el pasado mes de septiembre y que se incluye en la Disposición adicional de la reforma.

Sin embargo, en este país se condiciona el cumplimiento del artículo 9.3 de la Constitución ("La Constitución garantiza [...] la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales") al pago de una fianza. Los magistrados reconocen carecer de criterios para cuantificar ésta y han instado a un acuerdo entre las partes, aunque ya el gerente de Isla de Valdecañas, Miguel Oñate, habló ayer de un importe "millonario" y proporcional a la inversión realizada (140 millones de euros, más otros 50 millones pendientes de ejecución).

Ecologistas en Acción, que presentó la petición de aplicación provisional de las sentencias del TSJEx para evitar que el proyecto continúe avanzando, solicitó en su escrito inicial que no se fijase fianza alguna. No obstante, el abogado del grupo ecologista, José María Trillo, cedió en una cuantía "en arreglo a nuestros limitados recursos".

Con Garzón apartado de la investigación de los crímenes del franquismo, fue la jueza federal argentina María Servini de Cubría quien, en respuesta a las presentaciones judiciales realizadas en Buenos Aires por familiares de las víctimas de la dictadura de Franco, libró un exhorto, a fines del año pasado, para que la justicia española revele los nombres y domicilios de los ministros franquistas que aún viven y ejercieron cargos públicos entonces. También requirió un listado de las empresas que se enriquecieron con el trabajo realizado por los republicanos en prisión, obligados a trabajar en esclavitud o semiesclavitud, e información sobre la cantidad y fechas de asesinatos, las más de 115.000 desapariciones y los más de 300.000 robos de niños.

Fernando Souto Suárez, presidente de la Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CMRH), escribió hace una semana a la jueza: “Usted debe saber que el gobierno de España no está investigando esos crímenes contra la humanidad. La justicia argentina es la única esperanza que nos queda para conocer la verdad y que se haga justicia”. Además de advertir que la Ley de Amnistía española fue interpretada como una “ley de punto final para no llevar ante los tribunales a los responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes que no prescriben”, aportaron información procedente de un trabajo realizado por la CMRH sobre Manuel Fraga Iribarne.

Rubén Alfonso Lobato, miembro de la CMRH, en una entrevista en la revista argentina Debate cree que "bastantes actuaciones suyas pueden considerarse crímenes contra la humanidad. Fraga era miembro de un Consejo de Ministros que firmaba penas de muerte, por eso consideramos que tiene las manos manchadas de sangre. Ese Consejo también aprobaba cárceles y campos de concentración, despidos, exilios, el inicio de expedientes a periodistas y cierres de medios".

Manuel Fraga se afilió muy joven a la Falange Española de las JONS (el partido único de Franco). Fue secretario general del Instituto de Cultura Hispánica en 1951, secretario nacional del Consejo de Educación Nacional, secretario general técnico del Ministerio de Educación en 1953, y Consejero Nacional del Gobierno de Franco. El decreto 154/1961 de 2 de febrero, dice: “cesa el camarada Manuel Fraga Iribarne en el cargo de delegado nacional de Asociaciones de la Falange española tradicionalista y de las Juventudes Obreras Nacionales y Sindicalistas, agradeciéndole los servicios prestados” y firma Franco.

En 1969 fue recompensado por el Caudillo con el Ministerio de Información y Turismo (ministerio de Agitación y Propaganda) desde el que ordenó la publicación de la extremadamente represiva Ley de Prensa e Imprenta, junto con el Estatuto de la Publicidad, dos pilares para sostener al régimen. Consigue que haya censura posterior a la edición de los diarios, promoviendo, de ese modo, la autocensura de los periodistas.

Una pelea con el Opus Dei provocó su salida de esa cartera siete años más tarde, pero, entre tanto, "revitaliza las campañas periodísticas para justificar cuestiones del franquismo”, en palabras de Mariano Eloy Rodríguez Otero, profesor y director del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en historia de España moderna y contemporánea, que también señala que no es sencillo complicar a Fraga sin poner en cuestión la Transición española (“Por más que haya sido ministro franquista, es uno de los hombres que está ligado a algunos de los pilares de la Transición”), agrega que fue uno de los siete ponentes de la Constitución española y sostiene que para el dictador Francisco Franco era usual complicar a sus ministros en las penas de muerte o en los castigos más ejemplificadores.

El 1 de abril de 1963 se creó el Tribunal de Orden Público como herramienta para reprimir a los demócratas y privar las libertades individuales, que además cumple con las funciones del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Detenido ese año, el dirigente comunista Julián Grimau García, que había participado en la defensa de la República durante el Golpe de Estado, estuvo recluido en la Dirección General de Seguridad, donde actualmente funciona la Comunidad de Madrid, siendo arrojado desde un segundo piso hacia un callejón con el resultado de múltiples heridas en cabeza y manos: pese al trato “exquisito”, en palabras de Fraga, durante el interrogatorio abrió una ventana para “arrojarse de forma inexplicable”; el 20 de abril fue fusilado este “asesino repugnante” por orden del Consejo de Ministros en que se sentaba un Fraga que en una entrevista ya en este siglo lo seguía justificando. Cuatro meses después fueron ejecutados, a garrote vil, los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado.

En otoño de 2002, el Congreso de los Diputados rechazó una propuesta de Izquierda Unida para rehabilitar la memoria de Julián Grimau, porque el Partido Popular consideró que eso sería “reabrir un proceso para revisar la Transición”. El diputado de IU Luis Carlos Rejón contestó: “Es duro que uno de los verdugos esté rehabilitado y la víctima no. A Fraga se le dio la oportunidad de presentarse a unas elecciones y ser un padre de la Constitución. A mí me habría gustado que determinado Consejo de Ministros le hubiera dado la posibilidad a Julián Grimau de haber ido de número tres en la lista del PCE en 1977”.

En octubre de 1963 se produce un enfrentamiento entre Fraga y 103 intelectuales, encabezados por el poeta José Bergamín, que firmaba un escrito que el régimen ocultó denunciando las torturas y abusos cometidos por las fuerzas represivas contra las huelgas de la minería asturiana. Fraga justificó la represión; también la "posible" "arbitrariedad" de cortar el pelo al rape de las mujeres en que "las sistemáticas provocaciones de estas damas a la fuerza pública la hacían más explicable”.

Fraga regresó al servicio diplomático en 1969, para ser enviado en 1973 como embajador a Londres, donde presenció la serie de manifestaciones frente a la sede diplomática por los últimos fusilamientos ordenados por Franco. A la muerte de Franco, regresó con la idea de ser nombrado sucesor del Caudillo. Cuando el rey Juan Carlos decidió no nombrarle presidente, Fraga montó en cólera y exigió a Juan Carlos ser Ministro de Gobernación. Lo fue, junto con vicepresidente del gobierno, entre diciembre de 1975 y julio de 1976. Con Fraga en ese cargo, durante el tradicional Vía Crucis que organizaban las Carlotas en Montejurra (Navarra), tres personas fueron asesinadas por cuerpos de paramilitares dirigidos por un comandante del ejército.

Durante el mes de enero de 1976 unos seis mil trabajadores iniciaban una huelga en contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. El 3 de marzo tuvo un seguimiento masivo la tercera convocatoria de huelga general. En la Iglesia San Francisco de Asís en Vitoria estaba previsto realizar una asamblea de trabajadores metalúrgicos. Los testimonios señalan que Fraga llamó personalmente al cuartel de la Policía Nacional para que entraran a desalojarlos, una orden que no podía ser dada por un mando intermedio. Haciendo caso omiso de la decisión del párroco y del contenido del Concordato, la policía armada entraba conminando al desalojo. Segundos después disparaban gases lacrimógenos en un recinto cerrado y abarrotado creando el pánico. Manuel Fraga, Ministro de la Gobernación, y Rodolfo Martín Villa, Ministro de Relaciones Sindicales, resolvieron la situación a tiros con los que salían de frente medio asfixiados y con pañuelos en la boca y a palos por los flancos. Hubo cinco muertos y centenares de heridos.

Ese mismo año Manuel Fraga fundó Alianza Popular. En 1989, la refunda y pasa a ser el Partido Popular que gobernaría España. Fue diputado, senador y, desde el 5 de febrero de 1990, quien había sido en 1978 el líder del movimiento fascista que se opuso a las autonomías en España, y muy especialmente a la gallega, ocupó el puesto de presidente de la Xunta hasta 2005. Mientras que España crecía económicamente en el periodo 1991-1999, Galicia se hundía más y más en el paro y la miseria.

Fraga no sólo no ha renegado de su pasado franquista sino que lo incluye en sus “más de 50 años de servicio público” de que presumía al llegar al Senado en marzo de 2006. Un par de meses después, el Pleno del Senado debatió un texto en el que se honraba a aquellos que lucharon contra la dictadura y a las víctimas de la Guerra Civil. Pese a la eliminación de referencias al drama de los exiliados y el refuerzo de los elogios a los protagonistas de la Transición, el PP y Fraga votaron en contra.

Era también senador entonces, como número dos del Grupo Socialista, Enrique Curiel, fallecido en marzo de 2011, militante antifranquista en la izquierda clandestina. Su amigo Enrique Ruano murió a manos de la policía del régimen en 1969 y Fraga, entonces ministro, ayudó a tapar el asunto. Él mismo sufrió la violencia de la policía y la derecha tardofranquista, en años en los que Fraga había sido responsable de la seguridad del Estado.

Izquierda Unida volvió a la carga con la rehabilitación oficial de la figura de Julián Grimau y lo planteó en una moción a la Comisión Constitucional. Fraga se mantuvo sentado y en silencio mientras Eduardo Cuenca le acusaba, a dos metros, de organizar una campaña pública para justificar el asesinato y le exigía que pidiera perdón. Fraga levantó la mano para votar no, pero el PP perdió la votación.

En realidad Fraga estaba fuera de la actividad parlamentaria y se dedicaba únicamente al debate interno de su partido. Salió en público a decir que Gallardón, hoy ministro de Justicia, le había dado su "palabra de honor" de que seguiría en política pese a ser excluido de las listas al Congreso de ese año. Contra Esperanza Aguirre sólo se atrevió él cuando intentó echar a Rajoy del liderazgo del partido. Y contra el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, involucrado en la Gürtel, lo mismo.

Propuso en 2002 que se hiciera una conferencia de Presidentes que cuando Zapatero puso en marcha, fue ridiculizada y sus acuerdos boicoteados por el PP. Igual ocurrió con su idea de que las comunidades autónomas participaran en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional a través del Senado. Cuando, años después, el 21 de noviembre de 2007, se votó como ley para cumplir con el Estatuto de Cataluña, Fraga se ausentó reconociendo semanas después que se había ido por convicción, porque “no parecía razonable” votar en contra de su propia idea. Su partido, además, presentó un recurso de inconstitucionalidad.

En la presidencia de la Mesa de edad de la sesión inaugural del Senado en 2008, aprovechó para pedir llegar vivo a ver una reforma de la Cámara Alta. Aunque no en el sentido que deseaba, sí llegó a ver una reforma constitucional: la del techo de gasto.

Quien insistía en ser llamado "Don Manuel" se ha distinguido en los últimos años por sus declaraciones, en las que niega el Holocausto judío y los crímenes de la Inquisición española, o por considerar que Pinochet cometió "algunos excesos" pero dejó Chile mejor de lo que se lo encontró.

Contra el aparentemente irrefutable discurso de que como vivimos más, hay que retrasar la jubilación, propio de a quienes les espera una jubilación dorada, larga y plagada de buena salud, el estudio "Discapacidades e inclusión social" de la colección de Estudios Sociales de la Fundación La Caixa, realizado a partir de los datos de la macroencuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre discapacidad de 2008 y presentado ayer en Madrid, alerta de que "a menos renta en el hogar, menor nivel de educación y salud, y mayor tasa de discapacidades" psíquicas, físicas o sensoriales, sentenció el sociólogo coautor del estudio Carlos Pereda.

Esta influencia del punto de partida de la renta en el hogar en el desenvolvimiento cultural y sanitario de la población desmonta ese otro castillo en el aire edificado en la idea de que el rico es el que ha trabajado para ganar lo que tiene y que el resto teníamos a nuestra disposición las mismas oportunidades de éxito.

El informe otorga a las personas con menos de mil euros de ingresos mensuales 4 veces más riesgo (8,4%) de sufrir una discapacidad antes de los 65 años que a aquellas con ingresos superiores a 2.500 euros (2,4%). Si una enfermedad no se cura bien o no hay una rehabilitación correcta, como puede suceder en los hogares con pocos recursos, puede convertirse en discapacidad. "Por eso es tan importante una sanidad pública para todos, que pueda eliminar esas diferencias por cuestiones de renta".

Los ingresos medios en un hogar con una persona discapacitada son un 25% más bajos que los de las familias sin ese problema. Ni siquiera que el 75% reciba una pensión por invalidez, saca a estos hogares de la precariedad. Además, del medio millón de personas con discapacidad que dicen necesitar recursos y no los reciben, un 66% son mujeres. "Ellas son las cuidadoras principales", en un 75% de los casos, "pero no reciben la atención que merecen cuando son ellas las que necesitan ser atendidas", señaló Pereda.

En consecuencia, de los 3,8 millones de discapacitados españoles, el 7% son analfabetos, frente al 1% de la población general. Y su tasa de desempleo se elevó al 40% en 2011, casi el doble de la tasa de paro total del 21,5%. Aun así, los autores señalan que aún es pronto para detectar los efectos de la crisis en estas personas. Una quinta parte de los que encontraron trabajo lo consiguió gracias a fórmulas de empleo protegido.

Las asociaciones que reprensentan a personas con discapacidad aprovecharon para criticar la aprobación por el PP de la moratoria para la incorporación de nuevos dependientes en el sistema de dependencia. El presidente de la Fundación ONCE, Alberto Durán, quien advirtió de que la discapacidad conduce a la exclusión social, señaló que el riesgo de caer en ella ahora es mucho mayor debido al "desmantelamiento del Estado del bienestar".

Otros estudios ya habían alertado que aumentar la edad de jubilación conduce a una pérdida de años de retiro: "los hombres de 65 años de Kensington y Chelsea [zonas de Londres de clase alta y media alta] pueden llegar a vivir otros 23 años, pero la gente de Glasgow [Escocia] sólo vive 14 años más", dijo a mediados de 2010 Brendan Barber, secretario general de TUC, organización confederal de sindicatos. Ante el hecho de que en algunas zonas de Inglaterra, los parados mayores de 50 años lo tienen difícil para conseguir empleo, una asociación de pensionistas denunció que el retraso de la jubilación sólo conducirá a que la gente de 65 años pase más tiempo en el desempleo.

Las grandes empresas y las grandes fortunas no pagan menos impuestos porque tengan los mejores equipos de asesores y de abogados, sino porque desde los poderes públicos, independientemente de su (mono)color político, se les ofrecen herramientas para el ahorro de impuestos.

El diputado de Izquierda Unida portavoz del Grupo Parlamentario en las comisiones de Economía y Hacienda, Alberto Garzón, ha registrado una proposición no de ley para su debate en un próximo Pleno del Congreso que busca “eliminar la figura jurídica de Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), recogida en la Ley del Impuesto de Sociedades” (cuyos artículos 116 a 119 prevén este régimen especial de tributación).

“Los técnicos de Hacienda señalan que estas figuras jurídicas son un foco de fraude de gran importancia”, además de que “acaban siendo un mecanismo legal que permite a empresas no residentes en nuestro país no tributar por los dividendos o participaciones en beneficios generados por empresas filiales. Posibilita que empresas extranjeras puedan establecer sociedades pantalla en nuestro país con las que mover grandes sumas de dinero y eludir los impuestos". Añade que “la utilización de estas entidades puede servir para acceder a deducciones fiscales y también para compensar las ganancias económicas de otras empresas del grupo. El resultado final siempre es el mismo: la reducción de la cantidad de impuestos a pagar por las grandes empresas”, "grandes sumas de dinero que de otra forma pasarían a las arcas públicas [y mientras perduren,] cualquier reforma fiscal hará recaer el peso del esfuerzo sobre los sectores menos pudientes”.

Así mismo, la iniciativa parlamentaria pide “que se grave en territorio español esas rentas [derivadas de dividendos o de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades extranjeras] en la parte que no hayan tributado conforme a los tipos impositivos vigentes en las normas españolas".

La foto, tomada de www.iu-extremadura.es, recoge un momento de la visita que realizó Cayo Lara a Badajoz para apoyar a Pedro Escobar y Manuel Sosa, a la sazón candidatos para autonómicas y municipales. Pedro Escobar alertó entonces de que se estaba destruyendo el "poco tejido empresarial extremeño" y recordó los casos de la planta de impresión oliventina de la sociedad madrileña de artes gráficas Lusográfica, de Montprint, Fuentecapala, Nueva Rumasa.

Volvieron ayer los lamentos por la inacción de la anterior administración regional a la hora de controlar las subvenciones que otorgaban a través de la empresa pública Sociedad de Fomento de Extremadura (Sofiex), cuando se conoció por el BOE que el Ministerio de Economía ordena a Lusográfica devolver una subvención de 1.325.000 euros más 286.000 en concepto de intereses de demora por no mantener, como ponía de manifiesto el informe que la Junta de Extremadura emitió, tan tardíamente el 15 de febrero de 2011, la inversión pactada de 8,83 millones euros durante 5 años después de finalizar el plazo de vigencia.

Los dos pagos de finales de 2007 y comienzos de 2008 con cargo a Incentivos Regionales, una de las líneas más importantes concedidas por el Gobierno nacional a proyectos empresariales, estaban condicionados además a la creación y mantenimiento de 6 puestos de trabajo, conservando además los 54 existentes. Lo que se produjo, en cambio, fue la destrucción de empleo durante los dos años que siguieron al fin del plazo de vigencia.

En febrero de 2009 la industria, propiedad de Salomón Lerner, gran amigo de Alfonso Guerra, presentó concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil, dejando en la calle a 47 trabajadores. En septiembre del año siguiente acordó con los acreedores un convenio para salir temporalmente de la suspensión de pagos, que fijaba una 'quita' del 50%, abonándose la mitad restante de la deuda en un plazo de cinco años a partir de 2011.

En junio pasado la junta de accionistas aprobó la reducción forzosa del capital social, engullido por las deudas, a cero con amortización de todos los títulos (4,981 millones de euros). Acto seguido, se rehizo el capital social en 60.000 euros.

La nueva deuda podría incorporarse al expediente del concurso actualmente en el juzgado. En caso de impago, la industria pasará a ser gestionada nuevamente por los administraciones concursales, que podrían optar por presentar un nuevo convenio o liquidar la sociedad.

La presentación de la factoría de Lusográfica la hizo a bombo y platillo Rodríguez Ibarra el 11 de octubre de 2002: Sofiex participaba con el 49% de las acciones (en 2011 conservaría el 24%), 2,4 millones de euros, "dada la solvencia de la compañía", que se comprometía a crear 108 puestos de trabajo; "traen riqueza y empleo a Extremadura". Actualmente, se encuentra en funcionamiento a un ritmo mucho menor del que tuvo en un principio y habiendo cambiado la actividad principal de publicidad y cartelería a servilletas de papel.

El montante total que se ha llevado de Extremadura el Grupo Lerner supera los 13 millones de euros en subvenciones, a añadir a la compra, por 400 euros, de 65.000 metros cuadrados (6 veces lo necesario) de suelo industrial recalificado por el Ayuntamiento, entonces socialista, de Olivenza, que podían generar unas plusvalías, en caso de venta a 60 euros el metro cuadrado, de otros 3,9 millones. El 27 de marzo de 2006, cuando ya se barruntaba que la empresa ni invertía ni contrataba lo firmado con el gobierno regional, Olivenza acordó cancelar las condiciones resolutorias del pliego de condiciones económico-administrativas y regalar el terreno al Grupo Lerner renunciando a recuperar bajo ninguna circunstancia la finca "Ramapallas".

Los inversores nunca llegaron a poner sobre la mesa los más de 24 millones de euros firmados en el contrato de colaboración, sino que se quedaron en poco más de diez. Entre las subvenciones recibidas, consta una de formación de trabajadores, con cargo a Incentivos Regionales como la que ahora se pide desde Economía, de 3,6 millones de euros.

Andrés Holgado describía el contexto en el número del último 21 de febrero de la extinta Voz Emérita: "El INI desapareció, al empuje de la modernidad liberal que sufrimos (algo que no se ha dado en sociedades más maduras políticamente como Francia, Inglaterra o Italia, donde el sector público sigue controlando áreas estratégicas [...]) y el desarrollo industrial se dejó al albur de la iniciativa privada. Ello, en tiempos de globalización, ha llevado al desmantelamiento y a la deslocalización de la industria fabril. En Extremadura se intentó crear un 'sector público', liberal por supuesto, con la iniciativa privada como motor".

En el nuevo número de la revista "Ventana Abierta", iniciativa de la Asociación de Amigos de la Cultura Extremeña, Ángel Valadés inicia su artículo "La transición política y los reformistas del franquismo" hablando de "la dictadura franquista que poco a poco dejó de ser totalitaria para convertirse en personalista, 'la dictablanda'". También Mario Vargas Llosa, de quien Valadés cita que los intelectuales son, a menudo, muy amantes de las catástrofes, se refirió al sistema político mexicano como la "dictadura perfecta" tachándolo luego el historiador Enrique Krauze de "dictablanda", pero al menos, ése sí, era un sistema tan democrático (en términos relativos) como el que hoy, tras la Transición, gozamos (en términos más relativos aún).

Bien es cierto que luego Valadés admite que "En 1974 el régimen franquista agonizaba y como todo régimen dictatorial que acaba, intentó permanecer endureciendo su incansable persecución a los comunistas, únicos que plantaban cara decididamente".

Lástima que el artículo preceda a otro de ensalzamiento de la tauromaquia y de poetas como Rafael Sánchez Mazas, miembro fundador de Falange Española y ministro del segundo gobierno franquista entre los agostos de 1939 y 1940.

Falange sigue existiendo hoy. A propuesta suya, y como hecho que muestra "lo enormemente incompleta que es la democracia en España", se está enjuiciando al "único juez -Baltasar Garzón- que se ha atrevido a intentar llevar a los tribunales a los asesinos y responsables del encubrimiento de los asesinatos por causas políticas de más de 150.000 personas [...] situación, que The Guardian definió como 'bochornosa' [...] en otros países europeos que sufrieron el fascismo [...] la Falange estaría prohibida y los miembros del Tribunal Supremo que aquí han mostrado sus simpatías por el golpe militar estarían expedientados y, de continuar expresando tales simpatías, estarían en la cárcel. No así en España. Mientras que unas fuerzas políticas vascas, como Batasuna, están prohibidas por no condenar la violencia de ETA, la Falange, que se muestra orgullosa de sus antecesores, está legalizada, y el Partido Popular, que nunca ha condenado por su nombre la dictadura [...] ha gobernado en España [...] contrastando con la postura expresada por la gran mayoría de medios de las derechas europeas, que han denunciado tal enjuiciamiento". (Vicenç Navarro, diario Público del 1 de julio de 2010).

En su artículo de ese número de "Ventana Abierta", "Largo Caballero y Primo de Rivera en Don Benito: voces prebélicas", Guillermo Paniagua, por su parte, reseña a quien "El 29 de octubre de 1933, en el Teatro de la Comedia de Madrid, junto al aviador Ruiz de Alda, crea el Movimiento Sindicalista Español, que sería el comienzo de Falange Española", cuyo padre fue el dictador al que el general Dámaso Berenguer sustituyó en 1930 dando paso a la que se acuñó, como "dictablanda", sin el uso redentor otorgado al término si hablamos de dictaduras en que, "por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000" (Vicenç Navarro, íbidem).

En cuanto al otro supuesto belicoso, Paniagua mismo reproduce las palabras de Largo Caballero que lo eximen como tal en su visita a Don Benito: "Largo Caballero no aceptaba que la derecha ni la burguesía ganara las elecciones de diciembre de 1933, y dijo, animando y excitando a los oyentes: 'Vamos hacia la revolución social. Y yo digo que la burguesía no aceptará una expropiación legal. Habrá que expropiarla por la violencia [...] Vamos a echar abjo el régimen de propiedad privada [...] Ya han iniciado los enemigos la guerra, y dicen por boca de Gil Robles que si el Parlamento no les sirve irán contra él. Pues bien. Nosotros respondemos: vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. Esto, dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil'".

La Junta de Andalucía asegura que el Gobierno central ha sido quien ha recortado en la financiación autonómica, pero el parlamentario de IU Ignacio García afirmó que el recorte que van a sufrir las cuentas autonómicas es "mucho mayor" que los 2.000 millones señalados por la consejera de Hacienda y Administración Pública. Al cerrar los presupuestos de forma "anticipada" en noviembre, se cargan sobre 2012 las facturas presentadas durante el mes de diciembre, que suponen "unos 5.000 millones de euros, según estiman algunos expertos". "El Presupuesto de 2012 nace con 5.000 millones menos de euros, ese es el gran recorte fruto de la trampa de ingeniería contable realizada por la Junta", aseveró García. El coordinador general de la coalición, Diego Valderas, subrayó que IULV-CA tenía "razón" al asegurar que "se estaban haciendo unos presupuestos claramente electoralistas, sin ningún tipo de solvencia ni utilidad".

Así, IU de Andalucía manifestó ayer que el "mayor recorte" a los Presupuestos regionales para 2012 lo realizó la propia Junta al cerrarlos de forma "anticipada", por lo que, ha pedido la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento para explicar los "recortes" que se van a realizar en estas cuentas, "cuál es la situación económica y financiera real de Andalucía" y si los Presupuestos para 2012 son "papel mojado".

Por su parte, la patronal andaluza recordó que en su comparecencia parlamentaria para analizar estos presupuestos ya advirtió que las cuentas andaluzas "se hacían sobre unas previsiones [económicas del Gobierno Zapatero, incluida un crecimiento del PIB del 2,3%] que no eran realistas y ahora se produce esta situación".

Haber hecho los presupuestos en Extremadura cuando el PSOE quería, tal vez hubiera dado lugar a presupuestos tan inflados como los andaluces, sobre todo una vez conocido que el déficit puede haber llegado al 8,2% en 2011 habiéndose quedado la predicción del Gobierno de Zapatero en el 6%, desvirtuando así cuanto presupuesto se haya realizado antes del traspaso de la información económica al PP.

Si aquí ha sido el PP quien ha aumentado la fiscalidad de las rentas del capital (aunque también las del trabajo, al menos con progresividad), en Europa es igualmente la derecha declarada la que toma la delantera en hacer que "los mercados" también empiecen a correr con los costes de la crisis.

Si el programa de Zapatero y Elena Salgado (al parecer, con la aquiescencia de Rubalcaba y la oposición de Carme Chacón en los Consejos de Ministros) consistía en mostrarse maniatados por Europa, el presidente francés Nicolás Sarkozy no dudará en tomar la vía en solitario para "aplicar el proyecto de directiva sobre la creación de una tasa a las transacciones financieras presentado por la Comisión, ya que no dudamos que así iniciaremos un movimiento en la eurozona" del que terminará contagiándose el mundo entero, apuntaba el mandatario tras el primer encuentro del año con la canciller alemana Angela Merkel en Berlín. La decisión no la tomará, no obstante, hasta el día 18, cuando se reunirá con los interlocutores sociales en Francia. Desde París, su ministro de Finanzas, Francois Fillon, dejaba caer que podría presentar un borrador de la tasa francesa ya en febrero. "Alguien tiene que ser el primero en saltar al agua", señalaba.

Según los planes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, la tasa (que resucita el modelo creado en Estados Unidos a principios de los 70 por el premio Nobel de Economía James Tobin) gravaría con un 0,1% las compraventas de acciones y bonos, y con un tipo del 0,01% las de derivados, y podría recaudar 55.000 millones de euros al año, pero no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2014, plazo que Francia pretende acelerar.

Escribe Jordi Calvo Rufanges, economista e investigador sobre movimientos sociales, cultura de paz y armamentismo, en la web del Centro Delás de Estudios por la Paz de Justícia i Pau, del que es miembro e investigador -también del CEMS (UPF de Barcelona) y del IUDESP (UJI de Castelló)-, sobre "el nombramiento de un miembro del complejo militar-industrial español", Pedro Morenés, como Ministro de Defensa:

"ostentaba hasta hace muy poco doce cargos de alta responsabilidad en empresas de armas, de seguridad y de representación empresarial [...] ha sido presidente en España del segundo mayor productor mundial de misiles, MBDA, que vendió en el año 2010 más de 20.000 misiles anti-barco, anti-tanque o para helicóptero a países tan cuestionables como Brunei, India, Líbano, Indonesia, Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. [...] le ha vendido a España misiles Mistral para los helicópteros de combate Tigre por 27,7 millones de euros y ha firmado un contrato para desarrollar los misiles Meteor por más de 100 millones de euros. Además, Morenés ha sido consejero o representante desde agosto de 2005 hasta octubre de 2011 de la empresa zaragozana Instalaza, productora de bombas de racimo hasta que fueron prohibidas en julio de 2008. Gadafi lanzó sobre Misrata bombas de racimo MAT-120 fabricadas por esta empresa y vendidas al dictador libio poco antes de ser prohibidas. Morenés era consejero o representante de Instalaza cuando decidió hacer esta operación y cuando presentó una demanda al Gobierno español de 40 millones de euros por el lucro cesante sufrido al no tener la posibilidad de vender sus destructivas bombas [...] ¿Está de acuerdo el señor Morenés con la prohibición de las bombas de racimo? ¿Intentará que Instalaza se haga con los 40 millones de euros que reclamó al Gobierno, ahora que es él quien decide? ¿De qué manera el ministro presidirá la JIMMDU, el organismo que decide sobre el comercio de armas español?, ¿[...] vendiendo alegremente a países donde se violan los derechos humanos? [...] Para que se compren armas se necesitan dos cosas, o la renovación de los arsenales o que se gasten las ya existentes. Las armas se gastan principalmente en las guerras. La renovación de los arsenales será difícil de acometer en momentos de crisis económica y recortes presupuestarios, y porque el Ministerio de Defensa tiene comprometidos durante los próximos años más de 30.000 millones de euros por los contratos de nuevo armamento firmados en la última década tanto por Aznar como por Zapatero. A los empresarios de las armas sólo les queda la esperanza de que haya guerras".

Sobre esos "30.000 millones de euros comprometidos en un préstamo de gran armamento. Igual que en los últimos quince años. El cuádruple que la 'gran tijera de la derecha' recortó el pasado día de los Santos Inocentes" escribe Lucas León Simón:

"se presume de 'recortes'. Almirantes, coroneles, jefes de Estado Mayor y reyes con yernos corruptos dicen que el presupuesto se ha recortado en 340 millones [...] Desde Amancio Ortega, que paga sus impuestos en Andorra, pasando por Julio Iglesias que los paga en Florida, hasta el jornalero andaluz en paro que se toma unas copas (Durán dixit) tras cobrar el PER. De las costillas de cada gilipollas andante de esta piel de toro y de Urdargarin saldrán 106.378 pesetas para 'defendernos'.

¿De quién? ¿Del Morito Mohamed que puede invadir un islote con cuatro cabras y siete ramas de perejil? ¿Del islamismo de los afganos, que allí en su asiática y helada tierra quieren seguir siendo islamistas? ¿O en ayudar a Al Queda a meterle un palo por el culo a Gadafi?

El ministro del racimo, quiero decir del ramo, Pedro Morenés, sabe muy bien a quien hay pagarle esta factura. Este dispendio. Y sus comisiones".

En cuanto a su secretario de Estado, Pedro Argüelles, para ser nombrado el jueves pasado, dejó la presidencia de Boeing España y la vicepresidencia de Boeing Internacional. EADS, el fabricante aeronáutico europeo, es competidor de Boeing.

Argüelles fue director de gabinete de Defensa en tiempos de Eduardo Serra, ministro con Aznar, cuando coincidió con el actual ministro Morenés. El que fuera ministro de Defensa de Felipe González, Narcís Serra, fue quien ascendió a Eduardo Serra en 1984 de subsecretario a secretario de Estado de Defensa. Como número dos del ministerio, Eduardo Serra manejó los presupuestos hasta su renuncia en 1987.

El nuevo secretario general del Tesoro, Iñigo Fernández de Mesa, fue subdirector general del mismo y luego responsable de financiación del sector público al frente de las relaciones con las Administraciones Públicas en la oficina de Lehman Brothers para España y Portugal, donde también estuvo el ministro de Economía, Luis de Guindos. Tras su quiebra recaló hace más de dos años en Barclays Capital como responsable de operaciones del sector público. De Barclays, Pedro Solbes, ministro con González y con Zapatero, es consejero.

Con Solbes fue subdirector general en Tributos Miguel Ferré, nuevo secretario de Estado de Hacienda. El hasta ahora socio de Fiscalidad Internacional de PricewaterhouseCoopers (PwC), auditora de la que fue director financiero de Guindos, cambia más de 300.000 euros mensuales por la cuarta parte.

Fue representante del gobierno socialista en los organismos internacionales responsables de definir la sanísima fiscalidad internacional de que gozamos: Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, Comité de Expertos en Fiscalidad de las Naciones Unidas...

Participó también en la negociación de acuerdos de intercambio de información fiscal y coordinó los trabajos de armonización fiscal en la UE, como miembro de la delegación española en los Consejos Ecofin, y del Código de Conducta sobre Fiscalidad Empresarial y Prácticas Fiscales Perjudiciales.

La que es desde el día 3 secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, Carmen Vela, está unida a la empresa Ingenasa (Inmunología y Genética Aplicada) desde hace 30 años, es su directora general desde 1994 y exhibe como aval que entre 2007 y 2010 presidió la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT).

Por ese mismo motivo, Vela fue elegida el 10 de febrero de 2008 para leer el manifiesto 'Defender la alegría' con el que un grupo de intelectuales y artistas como el cineasta José Luis Cuerda pedía que no volviera “la turba mentirosa y humillante, que piensa desde su imbecilidad, que todos somos más imbéciles que ellos”, en alusión al PP.

En el manifiesto que leyó la ya secretaria de Estado popular se afirmaba que Zapatero “ha acompañado los logros en política económica con la mejora del bienestar de todos los ciudadanos” y se pedía el voto al PSOE “para que la solidaridad siga siendo el eje de la acción de gobierno, para que ningún credo goce de privilegios, con la firme voluntad de no dar un paso atrás, confiamos en la capacidad de Zapatero para seguir liderando este proyecto colectivo”. En la última campaña electoral apoyó a Rubalcaba con un vídeo en el que afirmaba: “Yo creo en la ciencia y en la tecnología y sé que él cree en la ciencia y la tecnología”.

Joan Ginovart, director del Instituto de Investigación Biomédica, explica que “no han querido buscar a un científico de laboratorio, sino a uno con experiencia en el mundo empresarial, que sepa convertir la ciencia en beneficio económico”. Vela ha sido miembro del Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia de Cristina Garmendia.

No sólo hay una puerta giratoria entre lo público y los intereses privados de las grandes corporaciones, sino entre las cúpulas económicas, empresariales y proarmamentísticas populares y socialistas.