Por Carlos Sánchez Almeida

IV Curso de Derechos Sociales, "Defender y repensar los derechos sociales en tiempos de crisis", Centro Cívico Pati Llimona, Barcelona, 8 de junio de 2009.

"-Nosotros, Winston, controlamos la vida en todos sus
niveles. Te figuras que existe algo llamado la naturaleza humana, que
se irritará por lo que hacemos y se volverá contra nosotros. Pero no
olvides que nosotros creamos la naturaleza humana. Los hombres son
infinitamente maleables. O quizás hayas vuelto a tu antigua idea de que
los proletarios o los esclavos se levantarán contra nosotros y nos
derribarán. Desecha esa idea. Están indefensos, como animales. La
Humanidad es el Partido. Los otros están fuera, son insignificantes."

-- George Orwell, "Mil Novecientos Ochenta y Cuatro"

La válvula de escape de los mileuristas

Así calificaba las descargas gratuitas en Internet el periodista Ramón Muñoz, en un artículo titulado "Adiós clase media, adiós".
El mismo periodista es autor de una larga serie de artículos publicados
en El País sobre el acoso policial, político y mediático al fenómeno
del P2P, desde una óptica casi tan reaccionaria como la del grupo de
empresas de comunicación al que pertenece...

Válvula de escape de mileuristas: panem et circenses digital. Ya en
1998 Juan Luis Cebrián, factótum de la empresa editora de El País,
despotricaba en su libro "La Red" contra la Declaración de
Independencia del Ciberespacio de John Perry Barlow:

"En realidad Barlow no ha inventado nada nuevo con su
actitud. En la mayoría de los países comunistas los derechos de autor
no eran reconocidos, o se hacía bajo condiciones especiales, y esa idea
comunitaria de los bienes intelectuales es algo que ha acompañado
permanente y polémicamente a la historia del mundo. Podemos compartir,
por lo demás, la sugerencia de que la información más que intercambio
es participación, pero eso no quiere decir que no deban respetarse las
normas. Los principios básicos de la defensa de los derechos de autor,
encomendados a las diversas sociedades que existen encargadas de
representarlos, no cambian en la práctica por el hecho de que la obra
se vea reproducida en la red en vez de en soporte de papel".

Juan Luis Cebrián no entendía nada en 1998, y sigue sin entender
nada en 2009. Y no sé qué es más triste: que siga siendo el factótum
del conglomerado mediático del que es buque insignia El País, o que
esté sentado en la Real Academia Española.

Como todas las revoluciones que han triunfado, la revolución de
Internet es una revolución pequeño-burguesa. Una revolución en
zapatillas de andar por casa, sustentada por esos millones y millones
de personas "conformistas". Una "masa social amorfa y resignada", que
acepta la caída del estado del bienestar con resignación, sin grandes
algaradas, sin rebelarse, en palabras del periodista Ramón Muñoz.

¿Sin rebelarse? ¿Seguro? ¿Y eso lo dicen precisamente desde el grupo
mediático que más dolorosamente ha tenido que encajar los efectos de la
revolución cultural que ha supuesto Internet?

Definitivamente, no entienden nada.

¿Mapa jurídico o mapa político?

El título de esta conferencia puede inducir a error. Pese a que
existe un debate jurídico sobre el conflicto entre derechos de autor y
derecho a la cultura, el debate es eminentemente político.

Y es político porque no estamos discutiendo sobre la ley con minúsculas, sino sobre Derechos Fundamentales con Mayúsculas.

Cuando los lobbies de la propiedad intelectual han llegado al
extremo de conseguir que el poder político legisle limitando la
libertad de expresión y el derecho a la inviolabilidad de las
comunicaciones en Internet, el debate es político.

Pero es cierto que los abogados tienen mucho que decir. Sobre todo
porque comen de esto: los abogados de las multinacionales del
entretenimiento son responsables directos del endurecimiento de las
leyes en contra de los ciudadanos. Endurecimiento de leyes que no ha
hecho sino incrementar el volumen de casos de persecución de la mal llamada "piratería", y por consiguiente sus honorarios.

No en vano Tomás Moro excluyó de su Utopía
a los abogados, "esos picapleitos de profesión, que llevan con
habilidad las causas e interpretan sutilmente las leyes." En contra de
nuestros propios intereses, algunos viejos utópicos reivindicamos una
Internet sin abogados: el mayor triunfo de la cultura libre consistiría
precisamente en dejarnos sin trabajo.

Con lo fácil que sería hacerse rico, defendiendo el status quo. No aprenderemos nunca.

Excurso pedigüeño: carta abierta al Ministerio de Cultura

De: Carlos Sánchez Almeida.
Para: Angeles González-Sinde Reig.
Cc: Ignasi Guardans Cambó, Comité de Expertos de Ayudas a la Producción.
Asunto: Quiero un millón de euros para El Cosmonauta

Muy apreciados/as Ministra, Director del ICAA y Comité de Expertos:

En virtud del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/2001, marco regulatorio del derecho de petición, les dirijo la presente para que suelten pasta.

Muy resumidamente, que para el resto ya tienen asesores de sobra: quiero un millón de euros para elcosmonauta.es

Como les gusta la literatura jurídico-festiva, empezaré por los
fundamentos de derecho, a saber. El Comité de Expertos que suelta la
pasta fue nombrado en virtud de la Orden del Ministerio de Cultura 4028/2007, de 28 de diciembre (inocentes...). Por Resolución de 11 de diciembre de 2008,
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, se
efectuó la convocatoria de ayudas sobre proyecto para la realización de
largometrajes que incorporen nuevos realizadores, para la realización
de obras experimentales de decidido contenido artístico y cultural, de
documentales y pilotos de series de animación, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 526/2002,
de 14 de junio. Para dichas ayudas se reservó la cantidad de 10.000.000
euros, imputables al crédito disponible en la aplicación presupuestaria
24.101.470, Fondo de Protección a la Cinematografía, del programa 335C,
Cinematografía, del presupuesto de gastos del Organismo para el año
2009. Dichas ayudas resultaron ampliadas en 5.000.000 de euros por Resolución de 13 de mayo de 2009 (Virgen de Fátima, ruega por nosotros).

O sea, que disponen Vds. de 15 millones de euros para financiar,
entre otros, "proyectos experimentales o de eminente contenido
artístico y cultural que se consideren de difícil financiación." Justo
lo que elcosmonauta.es estaba buscando, oigan.

Ahora vamos a los motivos de hecho. "Hay motivo", y mucho: El
Cosmonauta es un proyecto español de película de ciencia ficción
producida por muchas personas, de forma abierta y participativa, con
licencia Creative Commons para que su público pueda editarla, citarla,
remezclarla y copiarla como quiera. Es decir, todo cuanto se invierta
en la película revertirá en la comunidad.

Si el guión es bueno o no, que lo diga la Ministra, que de eso entiende. Ahí va la sinopsis:

"¿Y si volvieses a casa... y ya no hubiese nadie? En
1975, el primer cosmonauta ruso en la Luna no consigue regresar, y se
le da por perdido en el espacio. Él, sin embargo, a través de
fantasmales mensajes de radio, clama haber vuelto a la Tierra y haberla
encontrado vacía, sin un alma. Su irreal presencia y su voz irán
destruyendo poco a poco el mundo de sus seres queridos."

Por un momento he imaginado que el cosmonauta era yo, enviando
fantasmales mensajes de correo electrónico a un Ministerio de Cultura
vacío, sin un alma. Sáquenme de mi error, por favor. Demuéstrenme que
están vivos, demuéstrenme que todavía creen en el milagro del cine. El
milagro de un cine sin copyright.

Un millón de euros, Sr. Guardans. Para convencernos de que todavía cree en los derechos fundamentales. Para convencernos de que el numerito que montó para no descalzarse
en el arco de seguridad del aeropuerto del Prat estuvo motivado por su
fe en la libertad, y no por los tomates de sus calcetines.

Les aseguro que será la mejor inversión que han hecho en su vida.

Cordialmente suyo.

El error fundacional: en el mundo del copyright, todo gira alrededor de la copia

Si estudiamos el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias o Artísticas, o la Ley de Propiedad Intelectual, observaremos que todo gira alrededor del concepto de copia: distribución, reproducción, comunicación pública...

A medida que las multinacionales del entretenimiento han ido
moldeando la ley a su antojo, la han hecho girar cada vez más sobre su
modelo de negocio: la venta de copias de obras empaquetadas.

Se trata de un derecho pensado para un mundo en el que la
realización de copias se basaba en la exclusiva tecnológica. Pero el
mundo ha cambiado, y ahora cualquier ciudadano puede realizar una copia
perfecta.

El modelo de negocio ha de cambiar, y el derecho también.

Observemos qué dice el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente
en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a
participar en el progreso científico y en los beneficios que de él
resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones
científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

La Carta Magna Universal establece dos derechos en perfecto equilibrio: derecho a tomar parte libremente en la vida cultural, y derecho a la protección del derecho de autor, en su doble vertiente: moral y material.

La Declaración Universal de Derechos Humanos no habla en ningún
sitio del derecho a cobrar por copias, ni de la prohibición de
hacerlas. De lo que habla es del derecho de los creadores a la
protección de sus intereses morales y materiales. Si se encuentra un
marco jurídico que compatibilice esos intereses con el derecho de toda
persona a la libertad en el terreno cultural, lo que establece la
Declaración Universal se cumple.

El problema, en consecuencia, no está en el marco general, sino en
la formulación concreta del derecho de autor en el Convenio de Berna y
en las legislaciones nacionales. Un cuerpo jurídico que ha sido
construido a la medida de las empresas que se han apropiado del trabajo
de los artistas.

El problema no es de los artistas ni de su público, sino de esas empresas. De su capacidad para adaptarse o desaparecer.

La propiedad intelectual como arma de dominación cultural

El copyright no es una institución jurídica inocua. Está al servicio
de un determinado modelo de sociedad, y de un determinado modelo de
relaciones políticas y económicas. Responde a las necesidades de
adoctrinamiento de masas de un sistema jerárquico, en el que el ascenso
social en el ámbito de la política cultural se produce mediante
cooptación.

Observemos, a título de ejemplo, el esquema de funcionamiento de las
dos principales entidades españolas de gestión de derechos de autor:
SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), y EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores
Audiovisuales). Los derechos de explotación de las obras, en última
instancia, no están controlados directamente por los autores, sino que
se ponen en manos de editores musicales y cinematográficos, en virtud
de los contratos de cesión y gestión de derechos que los artistas se
ven obligados a suscribir.

Se nos dirá que nadie obliga al artista a firmar nada. En la
palabrería fatua de los leguleyos, "e trata de relaciones mercantiles
surgidas de la autonomía de la voluntad, en el marco de la libertad de
contratación que impera en nuestro sistema jurídico". No es cierto: en
el mundo analógico, se trata del único medio que tiene el artista para
conseguir publicar su obra, en virtud de la dictadura económica
impuesta por los intermediarios culturales.

La explotación del derecho de autor, lejos de responder a su teórico
objetivo, el sustento de los creadores, se ha utilizado como elemento
de dominación, como arma al servicio de la casta cultural más
acomodaticia con el sistema establecido. En el caso de Estados Unidos,
representa un valor estratégico, tanto por su importancia en el
Producto Interior Bruto, como por su capacidad de influencia cultural:
la exportación de películas americanas es la mejor forma de exportar
una determinada visión del mundo.

Frente al sistema jerárquico imperante, el P2P se presenta como un
sistema revolucionario de acceso al conocimiento. Un sistema en red,
opuesto al esquema piramidal, que al tiempo que elimina el valor
económico de la copia, ataca la médula del sistema de dominación: su
capacidad de fascinación y adoctrinamiento de masas.

La propiedad intelectual como proceso de acumulación de capital

La primera gran falacia está en su nombre, un verdadero oxímoron:
propiedad intelectual, apropiación del conocimiento. En la Declaración
Universal de Derechos Humanos no se habla de propiedad intelectual, y
ello porque el derecho de propiedad no está regulado en el artículo 27,
antes citado, sino en el artículo 17. Derecho de autor y derecho de
propiedad son dos cosas distintas, aunque se utilice equívocamente el
término propiedad para designar una cosa que no lo es.

Y no lo es porque el derecho de autor no está llamado a durar de
forma permanente, como las restantes propiedades. El derecho de autor
–al igual que el animal inteligente capaz de crear obras de arte- está
llamado a morir desde que nace. Una vez cumplida su función, que no es
otra que asegurar el sustento del artista, el derecho de autor
prescribe, para convertirse en algo mucho más importante: en patrimonio
cultural de la Humanidad.

Entraremos ahora en el origen de todos los actuales conflictos: la
expoliación de la cultura. Toda la política de las multinacionales del
entretenimiento ha ido dirigida en las últimas décadas a un solo
objetivo: a expoliar a la Humanidad de su patrimonio cultural. En la
medida que se amplía el campo de actuación del derecho de autor, en su
campo espacial (lo que abarca) como en su campo temporal (lo que dura)
se está expoliando la cultura del patrimonio público.

Mediante una larga y extenuante campaña mediática, los lobbies del
entretenimiento han convencido paulatinamente a gobiernos y
organizaciones internacionales de la necesidad de expandir el derecho
de autor y aumentar su duración temporal. Como consecuencia de ello, se
ha reducido paulatinamente el campo de actuación de las excepciones a
los derechos de explotación (copia privada, cita, parodia…), al tiempo
que se alarga infinitamente el plazo de prescripción de los derechos de
autor. De resultas de ello, el dominio público cultural cada vez es más
reducido.

Pero de la misma manera que expolia la cultura del público, los
especuladores también expolian a los artistas, cuyos contratos de
cesión de derechos han sido endurecidos progresivamente, hasta el punto
de contemplar no sólo la cesión absoluta de los derechos de
explotación, sino de una amplia gama de derechos, como los derivados de
la explotación de la imagen del artista e incluso porcentajes sobre sus
actuaciones y apariciones públicas.

Si el derecho moral de autor no fuese irrenunciable e inalienable, también se comerciaría con él.

La rentabilidad económica de la represión

En un tiempo muy lejano, tan lejano que se antoja legendario, quizás
la lucha antipiratería formaba parte del negocio principal: la
explotación de las obras culturales. Pero desde hace mucho, mucho
tiempo, la lucha antipiratería es un negocio autónomo, que sólo
responde a una lógica: aumentar sus propios beneficios, con
independencia de si ello beneficia o no a los artistas.

Si en algo han destacado las entidades de gestión de derechos de
autor y las patronales del entretenimiento ha sido en sus magníficas
dotes de organización del aparato represivo. Tomando como rehenes a los
propios artistas, a los que se ha utilizado de escudos humanos, los
estrategas de la industria han edificado poderosas maquinarias de
combate jurídico.

Primer paso: criminalizar todo lo posible –legal o mediáticamente-
cualquier actividad del público distinta a comprar lo que la industria
vende. Segundo paso: crear una inmensa estructura económica que gire
alrededor de los abogados, peritos y policías encargados de perseguir a
los infractores. Tercer paso: poner en marcha la máquina de demandar.

El objetivo: crear una inmensa ficción jurídica en los juzgados, muy
rentable para peritos y abogados, pero que le sale muy cara en recursos
materiales y humanos a nuestra, ya de por sí castigada, venerable y
vetusta Administración de Justicia.

En la construcción de la mentira participan instituciones públicas
que deberían estar al servicio de los ciudadanos, y no de las empresas,
como el denostado Ministerio de Cultura. Un Ministerio de Cultura capaz
de publicar una vergonzosa guía de "Buenas prácticas contra la persecución de delitos contra la propiedad intelectual", en la que aparece una fantasmal lista de peritos antipiratería:

En este campo, la Subdirección General de Propiedad
Intelectual del Ministerio de Cultura puede facilitar, a petición del
interesado, una Lista de Peritos expertos en el sector audiovisual
elaborada con las propuestas que en este sentido se reciban en la
Comisión permanente de la Comisión Intersectorial para actuar contra
las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual.
Igualmente, las entidades de gestión y las asociaciones de defensa de
los derechos de propiedad intelectual pueden facilitar estos expertos,
en su ámbito de actuación. Dicha Lista se confecciona mediante la
integración en ella de nombres de peritos facilitados por las entidades
privadas que habitualmente asisten a las reuniones de la Comisión
permanente de la Comisión Intersectorial para actuar contra las
actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual. Las
personas o entidades que figuran en ella no han sido nombradas peritos
por la citada Comisión Intersectorial, ni se han acreditado ante la
misma en virtud de procedimiento reglado alguno. Se trata, por tanto,
de una relación de carácter meramente instrumental, a título
informativo, cuya finalidad es coadyuvar a la Administración de
Justicia y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el desempeño de sus
funciones, poniendo a su disposición una información que les puede ser
útil.

Han leído bien. La "lista de peritos del Ministerio de Cultura" que
se hace correr hábilmente por los juzgados, juega con el equívoco de su
nombre, e incluso utiliza de forma espuria el prestigio del Ministerio
de Cultura, para inspirar confianza en los jueces. Pero en realidad se
trata de profesionales pagados por las empresas integradas en la gran
coalición antipiratería. Es decir, no son peritos independientes, sino
peritos de parte interesada.

Los abogados no engañamos a nadie, se nos ve venir. Defendemos a la
parte que nos paga, no hay equívoco alguno. Pero los peritos y los
policías sí deberían ser absolutamente independientes, y no prestarse a
operaciones de mercadotecnia y propaganda.

El problema de construir un monstruo es que hay que darle de comer.

Justicia penal, justicia mercantil y justicia administrativa

Recapitulemos. Vamos a ordenar los soldaditos de plomo sobre el mapa
jurídico del conflicto. A un lado, el territorio del derecho a una
cultura libre, del patrimonio cultural de la Humanidad, cada vez más
menguado, en el espacio y en el tiempo. Al otro, el terreno conquistado
por las multinacionales especializadas en la apropiación del
conocimiento.

En primera línea de batalla: abogados, peritos y policías de parte.
Como escudos humanos, los artistas. Enfrente: la carne de cañón de los
webmasters y las pequeñas y medianas empresas informáticas.
Inmediatamente detrás, los usuarios.

Y al margen de todos, vendiendo las armas, enterrando a los muertos,
recogiendo los beneficios de la carnicería, cobrando por todo gane
quien gane: las patronales del gran negocio emergente. Las operadoras
de telecomunicaciones.

Escenarios posibles en el teatro de operaciones: la vía penal, la vía civil y la vía administrativa.

Criminalizar a aquellos que copian y comparten, o a aquellos que
enlazan a los contenidos que se copian y comparten, fue la primera gran
tentación de la industria. Intimidar con cárcel es algo que siempre
gusta a los abogados primerizos. El problema del derecho penal es que
hay que usarlo como un bisturí: en determinados casos, puede resultar
tan poco eficaz como un hacha de combate en una operación a corazón
abierto.

Pero era necesario mantener engrasada la maquinaria represiva. Había
que tener contentos a los policías encargados del trabajo más sucio, el
que consiste en esposar y tomar huellas dactilares. Había que
conseguirles fotos con ministros y artistas, ascensos, viajes,
conferencias y congresos con todos los gastos pagados, medallas de
hojalata. Y el premio gordo, el que nunca se llevarán los números que
hacen todo el trabajo duro, el que está reservado al superintendente:
el retiro dorado como encargado de seguridad de una poderosa
multinacional.

El daño que han hecho este tipo de prácticas a la imagen de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es incalculable. Recuperar el
prestigio derrochado costará muchos años, y muchas operaciones contra
los delitos informáticos verdaderamente serios. Pero se conseguirá.

Lo que no se conseguirá nunca es reintegrar a la sociedad a los
estrategas de la represión: son de los que mueren matando. Cuando los
juzgados penales les cierran las puertas, inundan de demandas los
juzgados mercantiles. Y cuando los juzgados mercantiles protestan por
el exceso de trabajo inútil, recurren a las autoridades administrativas para que envíen las brigadas de limpieza.

Pero lo dicho, lo de menos es vender discos o películas. Lo
importante es dar trabajo a los abogados y peritos, mantener activo el
verdadero negocio.

Un negocio que se ha convertido en un agujero negro.

Una revolución silenciosa

Empezaba esta conferencia hablando de cómo trata determinada prensa
el fenómeno del P2P, "la válvula de escape de los mileuristas". Es una
verdadera lástima que Cebrián haya dejado de leer a Ortega, porque en
pocos sitios como en la actual Internet española puede apreciarse en su
verdadera dimensión lo que ha representado la rebelión de las masas.

Debajo de los adoquines estaba la playa: el sueño dorado de los
mileuristas no es asaltar el Palacio de Invierno, sino el Todo Incluido
de la Riviera Maya. ¿Se atreve alguien a reprochárselo, cuando el
sistema político-mediático se ha pasado veinte años construyendo ese
falso sueño?

A raíz de la concentración de internautas
que tuvo lugar el día 24 de mayo en la Plaza del Rey de Madrid, los
voceros de la represión pretendían ridiculizar las cifras de
asistentes. La festividad del Primero de Mayo y los fastos políticos de
las elecciones europeas han permitido ver el problema en su verdadera
dimensión: los mítines estaban semivacíos, puesto que la política sólo
interesa a los incondicionales y a los que viven de ella. En ese marco
general, no es baladí conseguir llenar una plaza con cientos de
internautas preocupados por sus derechos.

Veinte años de la caída del mundo de Berlín, objetivo cumplido: las
clases populares se han vuelto acomodaticias y obedientes. Toda la
Galia está ocupada, y en Alesia reina Sarkozyx. La historia ha terminado, circulen, aquí no hay nada que ver.

Y sin embargo, algo se mueve. Lentamente, poco a poco, como la conciencia dormida que se despierta tras un largo letargo.

Millones y millones de personas están poniendo en cuestión, a
diario, de forma absolutamente pacífica, todo un sistema de dominación.
Sin alzar la voz, sin levantar barricadas, pero sin detenerse un
momento.

Dejar de llamarlo derecho de autor fue un inmenso error. Cuando los
defensores del castillo lo llamaron Propiedad, pusieron en marcha una
bomba de relojería temporal.

Las armas se fabrican rápido, pero construir herramientas es un
trabajo lento y paciente. Y estamos construyendo las herramientas de
una nueva sociedad. Una sociedad que quizás está dormida, embrutecida,
quizás aún es infantil. Pero una sociedad que puede madurar de golpe,
si algún aprendiz de brujo cierra antes de tiempo la válvula de escape.

Intenten aplastarla, y esta sociedad se levantará.