Con Garzón apartado de la investigación de los crímenes del franquismo, fue la jueza federal argentina María Servini de Cubría quien, en respuesta a las presentaciones judiciales realizadas en Buenos Aires por familiares de víctimas franquistas, libró un exhorto, a finales del año pasado, para que la justicia española revelase nombres y domicilios de los ministros franquistas vivos, un listado de las empresas que se enriquecieron con el trabajo de los republicanos en prisión, obligados a la semiesclavitud en el mejor de los casos, e información sobre la cantidad y fechas de asesinatos, las más de 115.000 desapariciones y los más de 300.000 robos de niños.

Fernando Souto Suárez, presidente de la CMRH* de A Coruña, escribió a principios de enero a la jueza: “Usted debe saber que el gobierno de España no está investigando esos crímenes contra la humanidad. La justicia argentina es la única esperanza que nos queda para conocer la verdad y que se haga justicia”. Además de advertir que la Ley de Amnistía española fue interpretada como una “ley de punto final para no llevar ante los tribunales a los responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes que no prescriben”, aportaron información procedente de un trabajo sobre Manuel Fraga Iribarne realizado por la CMRH.

Miembro de ella es Rubén Alfonso Lobato, que, en entrevista a la revista argentina Debate, dijo creer del recientemente fallecido ministro de Franco que "bastantes actuaciones suyas pueden considerarse crímenes contra la humanidad. Fraga era miembro de un Consejo de Ministros que firmaba penas de muerte, por eso consideramos que tiene las manos manchadas de sangre. Ese Consejo también aprobaba cárceles y campos de concentración, despidos, exilios, el inicio de expedientes a periodistas y cierres de medios".

Enero fue despedido por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobando con los votos de PP, PSOE y UPD y la única oposición de IU, la propuesta de la alcaldesa, Ana Botella, de dar el nombre de Manuel Fraga a una calle o plaza de la ciudad para "rendir homenaje a la capacidad de los españoles por superar las dificultades en un determinado momento histórico". De Fraga ha destacado su "vocación se servicio público", que contribuyó a hacerle "ejemplo de conducta política".

El PSOE no ha dudado, pues, en dar una calle de Madrid a quien se afilió muy joven a la Falange Española de las JONS (el partido único de Franco), siendo secretario general del Instituto de Cultura Hispánica en 1951, secretario nacional del Consejo de Educación Nacional, secretario general técnico del Ministerio de Educación en 1953, y Consejero Nacional del Gobierno de Franco. El decreto 154/1961 de 2 de febrero, dice: “cesa el camarada Manuel Fraga Iribarne en el cargo de delegado nacional de Asociaciones de la Falange española tradicionalista y de las Juventudes Obreras Nacionales y Sindicalistas, agradeciéndole los servicios prestados” y firma Franco.

En 1969 fue recompensado por el Caudillo con el Ministerio de Información y Turismo (ministerio de Agitación y Propaganda) desde el que ordenó la publicación de la extremadamente represiva Ley de Prensa e Imprenta, junto con el Estatuto de la Publicidad, dos pilares para sostener al régimen. Consigue que haya censura posterior a la edición de los diarios, promoviendo, de ese modo, la autocensura de los periodistas.

Una pelea con el Opus Dei provocó su salida de esa cartera siete años más tarde, pero, entre tanto, "revitaliza las campañas periodísticas para justificar cuestiones del franquismo”, en palabras de Mariano Eloy Rodríguez Otero, profesor y director del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en historia de España moderna y contemporánea, que también señala que no es sencillo complicar a Fraga sin poner en cuestión la Transición española (“Por más que haya sido ministro franquista, es uno de los hombres que está ligado a algunos de los pilares de la Transición”), agrega que fue uno de los siete ponentes de la Constitución española y sostiene que para el dictador Francisco Franco era usual complicar a sus ministros en las penas de muerte o en los castigos más ejemplificadores.

El 1 de abril de 1963 se creó el Tribunal de Orden Público como herramienta para reprimir a los demócratas y privar las libertades individuales, que además cumple con las funciones del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Detenido ese año, el dirigente comunista Julián Grimau García, que había participado en la defensa de la República durante el Golpe de Estado, estuvo recluido en la Dirección General de Seguridad, donde actualmente funciona la Comunidad de Madrid, siendo arrojado desde un segundo piso hacia un callejón con el resultado de múltiples heridas en cabeza y manos: pese al trato “exquisito”, en palabras de Fraga, durante el interrogatorio abrió una ventana para “arrojarse de forma inexplicable”; el 20 de abril fue fusilado este “asesino repugnante” por orden del Consejo de Ministros en que se sentaba un Fraga que en una entrevista ya en este siglo lo seguía justificando. Cuatro meses después fueron ejecutados, a garrote vil, los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado.

En otoño de 2002, el Congreso de los Diputados rechazó una propuesta de Izquierda Unida para rehabilitar la memoria de Julián Grimau, porque el Partido Popular consideró que eso sería “reabrir un proceso para revisar la Transición”. El diputado de IU Luis Carlos Rejón contestó: “Es duro que uno de los verdugos esté rehabilitado y la víctima no. A Fraga se le dio la oportunidad de presentarse a unas elecciones y ser un padre de la Constitución. A mí me habría gustado que determinado Consejo de Ministros le hubiera dado la posibilidad a Julián Grimau de haber ido de número tres en la lista del PCE en 1977”.

En octubre de 1963 se produce un enfrentamiento entre Fraga y 103 intelectuales, encabezados por el poeta José Bergamín, que firmaba un escrito que el régimen ocultó denunciando las torturas y abusos cometidos por las fuerzas represivas contra las huelgas de la minería asturiana. Fraga justificó la represión; también la "posible" "arbitrariedad" de cortar el pelo al rape de las mujeres en que "las sistemáticas provocaciones de estas damas a la fuerza pública la hacían más explicable”.

Fraga regresó al servicio diplomático en 1969, para ser enviado en 1973 como embajador a Londres, donde presenció la serie de manifestaciones frente a la sede diplomática por los últimos fusilamientos ordenados por Franco. A la muerte de Franco, regresó con la idea de ser nombrado sucesor del Caudillo. Cuando el rey Juan Carlos decidió no nombrarle presidente, Fraga montó en cólera y exigió a Juan Carlos ser Ministro de Gobernación. Lo fue, junto con vicepresidente del gobierno, entre diciembre de 1975 y julio de 1976. Con Fraga en ese cargo, durante el tradicional Vía Crucis que organizaban las Carlotas en Montejurra (Navarra), tres personas fueron asesinadas por cuerpos de paramilitares dirigidos por un comandante del ejército.

Durante el mes de enero de 1976 unos seis mil trabajadores iniciaban una huelga en contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. El 3 de marzo tuvo un seguimiento masivo la tercera convocatoria de huelga general. En la Iglesia San Francisco de Asís en Vitoria estaba previsto realizar una asamblea de trabajadores metalúrgicos. Los testimonios señalan que Fraga llamó personalmente al cuartel de la Policía Nacional para que entraran a desalojarlos, una orden que no podía ser dada por un mando intermedio. Haciendo caso omiso de la decisión del párroco y del contenido del Concordato, la policía armada entraba conminando al desalojo. Segundos después disparaban gases lacrimógenos en un recinto cerrado y abarrotado creando el pánico. Manuel Fraga, Ministro de la Gobernación, y Rodolfo Martín Villa, Ministro de Relaciones Sindicales, resolvieron la situación a tiros con los que salían de frente medio asfixiados y con pañuelos en la boca y a palos por los flancos. Hubo cinco muertos y centenares de heridos.

Ese mismo año Manuel Fraga fundó Alianza Popular. En 1989, la refunda y pasa a ser el Partido Popular que gobernaría España. Fue diputado, senador y, desde el 5 de febrero de 1990, quien había sido en 1978 el líder del movimiento fascista que se opuso a las autonomías en España, y muy especialmente a la gallega, ocupó el puesto de presidente de la Xunta hasta 2005. Mientras que España crecía económicamente en el periodo 1991-1999, Galicia se hundía más y más en el paro y la miseria.

Fraga no sólo no ha renegado de su pasado franquista sino que lo incluye en sus “más de 50 años de servicio público” de que presumía al llegar al Senado en marzo de 2006. Un par de meses después, el Pleno del Senado debatió un texto en el que se honraba a aquellos que lucharon contra la dictadura y a las víctimas de la Guerra Civil. Pese a la eliminación de referencias al drama de los exiliados y el refuerzo de los elogios a los protagonistas de la Transición, el PP y Fraga votaron en contra.

Era también senador entonces, como número dos del Grupo Socialista, Enrique Curiel, fallecido en marzo de 2011, militante antifranquista en la izquierda clandestina. Su amigo Enrique Ruano murió a manos de la policía del régimen en 1969 y Fraga, entonces ministro, ayudó a tapar el asunto. Él mismo sufrió la violencia de la policía y la derecha tardofranquista, en años en los que Fraga había sido responsable de la seguridad del Estado.

Izquierda Unida volvió a la carga con la rehabilitación oficial de la figura de Julián Grimau y lo planteó en una moción a la Comisión Constitucional. Fraga se mantuvo sentado y en silencio mientras Eduardo Cuenca le acusaba, a dos metros, de organizar una campaña pública para justificar el asesinato y le exigía que pidiera perdón. Fraga levantó la mano para votar no, pero el PP perdió la votación.

En realidad Fraga estaba fuera de la actividad parlamentaria y se dedicaba únicamente al debate interno de su partido. Salió en público a decir que Gallardón, hoy ministro de Justicia, le había dado su "palabra de honor" de que seguiría en política pese a ser excluido de las listas al Congreso de ese año. Contra Esperanza Aguirre sólo se atrevió él cuando intentó echar a Rajoy del liderazgo del partido. Y contra el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, involucrado en la Gürtel, lo mismo.

Propuso en 2002 que se hiciera una conferencia de Presidentes que cuando Zapatero puso en marcha, fue ridiculizada y sus acuerdos boicoteados por el PP. Igual ocurrió con su idea de que las comunidades autónomas participaran en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional a través del Senado. Cuando, años después, el 21 de noviembre de 2007, se votó como ley para cumplir con el Estatuto de Cataluña, Fraga se ausentó reconociendo semanas después que se había ido por convicción, porque “no parecía razonable” votar en contra de su propia idea. Su partido, además, presentó un recurso de inconstitucionalidad.

En la presidencia de la Mesa de edad de la sesión inaugural del Senado en 2008, aprovechó para pedir llegar vivo a ver una reforma de la Cámara Alta. Aunque no en el sentido que deseaba, sí llegó a ver una reforma constitucional: la del techo de gasto.

Quien insistía en ser llamado "Don Manuel" se ha distinguido en los últimos años por sus declaraciones, en las que niega el Holocausto judío y los crímenes de la Inquisición española, o por considerar que Pinochet cometió "algunos excesos" pero dejó Chile mejor de lo que se lo encontró.

(*) CMRH = Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica