Ni el pacto PP-PSOE para que la Ley del Suelo de Extremadura permita desarrollar proyectos como la urbanización de lujo con campo de golf de Valdecañas en suelo no urbanizable de zonas protegidas por la Red Natura 2000, ni la reedición del pacto PP-PSOE para rechazar en el Pleno del 27 de octubre de la Asamblea la derogación propuesta por IU, podría ser suficiente para hacer urbanísticamente legal el proyecto Marina Isla de Valdecañas.

El acuerdo PP-PSOE se proponía tumbar las dos sentencias de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que declaraban nula la figura urbanística del Proyecto de Interés Regional (PIR) y para este caso concreto. Fueron recurridas por la empresa Marina Isla Valdecañas, la Junta y la Diputación de Cáceres -en representación de los ayuntamientos de El Gordo y de Berrocalejo.

En un auto conocido ayer y dictado el día 13, el TSJEx ordena paralizar las obras y la ocupación y uso de las instalaciones hasta que el Supremo se pronuncie, estableciendo que la reforma introducida en el artículo 11 en abril del año pasado "no tiene eficacia retroactiva y, por tanto, no era aplicable al Proyecto de Interés Regional", como tampoco lo era el proceso de homologación urbanística aprobado por la Junta el pasado mes de septiembre y que se incluye en la Disposición adicional de la reforma.

Sin embargo, en este país se condiciona el cumplimiento del artículo 9.3 de la Constitución ("La Constitución garantiza [...] la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales") al pago de una fianza. Los magistrados reconocen carecer de criterios para cuantificar ésta y han instado a un acuerdo entre las partes, aunque ya el gerente de Isla de Valdecañas, Miguel Oñate, habló ayer de un importe "millonario" y proporcional a la inversión realizada (140 millones de euros, más otros 50 millones pendientes de ejecución).

Ecologistas en Acción, que presentó la petición de aplicación provisional de las sentencias del TSJEx para evitar que el proyecto continúe avanzando, solicitó en su escrito inicial que no se fijase fianza alguna. No obstante, el abogado del grupo ecologista, José María Trillo, cedió en una cuantía "en arreglo a nuestros limitados recursos".