Don Benito fue buzoneado la semana pasada de folletos a color con la última temática que viene aplicando el PSOE, pero esta vez sin firmar. En enero, este partido, sin negar que la presión fiscal en la localidad sigue siendo menor que en otras ciudades comparables, volvió a lamentar que el Ayuntamiento creara en septiembre de 2008 la tasa de cajeros automáticos -Banesto ganó 125 millones en 2011 tras dedicar 400 millones a limpiar ladrillo- y la de aprovechamiento de dominio público para las empresas de electricidad, gas, agua y telefonía -Movistar ingresa casi un millón diario por alquilar y reparar los teléfonos fijos. Incluso en su queja de que a la subida, también entonces, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se haya añadido ahora el 10% más por el Decreto Ley de 30 de diciembre del Gobierno central, no se percibe ninguna propuesta de diferenciación en el gravamen según el contribuyente. Tampoco en el panfleto "anónimo" recién distribuido.

Subió también por entonces el gobierno de Mariano Gallego el impuesto de Actividades Económicas, las Plusvalías y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y se actualizaron las ordenanzas fiscales de la Guardería Rural y la recontribución especial. En 2011 se creó la nueva tasa del alcantarillado y subió la del agua (estableciéndose más tramos con los que gravar el consumo de forma más progresiva, para que quien más consuma lo pague más caro), ambas quejas de los socialistas a despecho de que sus correligionarios de Villanueva de la Serena hayan realizado la aprobación inicial de las nuevas tarifas del servicio de agua y saneamiento acordada por el pleno del 24 de enero, incumpliendo el pliego de condiciones por parte de la empresa concesionaria en lo que respecta a los datos básicos que cimentan el estudio técnico económico presentado.

El grupo municipal de Izquierda Unida ha presentado alegaciones. Según la portavoz de IU, Encarna Muñoz, el ayuntamiento es el que debe controlar lo que hace la empresa con una comisión técnica. La coalición de izquierdas considera que el estudio de tarifas que presenta la empresa es unilateral y aporta datos ficticios no sujetos al pliego de condiciones, el cual establece, por ejemplo, para la red de distribución un rendimiento del 75%, mientras que la empresa utiliza en el estudio un 70%, incumpliendo además la colocación de contadores en todos los edificios públicos y estableciendo la evaluación de este consumo en un 28%, cuando en el pliego pone el 22. No se respeta tampoco el incremento del IPC que se recoge.

No sólo en Villanueva, sino que a principios del pasado mayo electoral los socialistas de Mérida hurtaron al Pleno y sometieron a Junta de Gobierno la aprobación de subidas en alcantarillado y agua para octubre en Mérida. Esto debido, según el entonces concejal Daniel Serrano, a que la prórroga de la privatización del agua hasta el 2030 acometida por el PSOE incluía además la modificación de algunas cláusulas del contrato con Aqualia. Se pasaría de 63 a 85 € trimestrales por 38 metros cúbicos de un contrato de consumo mínimo:

METRO CÚBICO DE SERVICIO	€	€
AGUA	0,38	0,66
TARIFA ALCANTARILLADO	0,12	0,21
CUOTA DEPURACIÓN	0,15	0,25
CUOTA FIJA DEL AGUA	15,00	18,74

A este incremento añadió Daniel Serrano el que se producirá en 2013 con la aplicación de una fórmula "polinómica" para calcular los gastos de la concesionaria. Criticó el amparo del PSOE a este incremento, que cifró en un 72%, cuando en 2005 se "llevó las manos a la cabeza" porque el Gobierno del hoy de nuevo alcalde acordó una subida del 6. El PSOE negaba dicho acuerdo y el PP exponía la firma del a la sazón alcalde socialista plasmada en el acuerdo de nuevas tarifas.

Cuando el PSOE se queja de los impuestos que sí permiten gravar de distinta manera según el nivel de renta, los fines especulativos o el despilfarro (reeditando el "Es de izquierdas bajar los impuestos" de Zapatero), es porque guarda para después impuestos en los que ricos y pobres pagan lo mismo, como el IVA. Poca credibilidad tendrá un PSOE que intenta dejar atrás su imagen neoliberal si Zapatero sigue siendo su timonel ideológico y perseveran en oponerse, sin distinción de destinatario del impuesto (sea la Banca o Movistar) ni ánimo de progresividad alguna, a los aumentos de presión impositiva.