Según el último sondeo de NC Report para LA RAZÓN, el PSOE perderá 680.000 votantes desde las anteriores elecciones andaluzas. De ellos, 265.000 (casi el 40%) elegirán en esta ocasión al PP y 107.000 a IU.

De los 12 escaños que perderían los socialistas, 8 irían al PP (uno por provincia) , 2 a IU (en Sevilla y Jaén), 1 a UPD (Sevilla) y otro al Partido Andalucista (Cádiz).

Tomando los electores de la pasada convocatoria de generales, la abstención (32,7%) y los pronósticos intermedios para PP y PSOE estimados en la encuesta de NC Report, corrigiendo ésta por el escaño que Jaén le da a Málaga por cuestiones poblacionales y tomando los resultados de IU el 20N, además de los 8 escaños otorgados a IU, la coalición estaría a 1.788 votos de arrebatarle un diputado al PP por Almería, a 12.556 de quitárselo por Málaga y a 21.235 de ganar el que hay en disputa por Cádiz también con el Partido Popular. Así pues, contra el señuelo del voto útil que utilizarán algunos, ¡matemáticas!.

Si IU arrebata estos escaños al PP, éste no tendría mayoría absoluta para hacer y deshacer a su antojo, con lo que en realidad sí existiría un voto útil que evitaría las causas que propiciaron esa mayoría absoluta el 20N (como el llamamiento del PSOE a unir voto bajo sus siglas).

El decreto de supresión de las primas a futuras plantas de energías renovables, publicado el sábado en el BOE, ha encontrado las críticas de la Comisión Europea y la oposición del sector, aunque para Fitch -¡otra vez las agencias de rating!- puede "aliviar" la enorme deuda acumulada.

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) aseguró que la moratoria "no resuelve el grave problema del déficit tarifario" (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico), tendrá "graves consecuencias" para la industria y la recuperación de la economía, y "destruye" un sector que ha perdido 20.000 empleos en los dos últimos años, en medio de los cuales el anterior Gobierno ya adelantó el recorte a las primas de la fotovoltaica mediante el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre.

Ayer, en su debut en la Comisión de Industria del Congreso, el Ministro José Manuel Soria defendió el parón a la instalación de renovables, aunque supondrá que se dejen de invertir 62.000 millones en los próximos años, según la Fundación Renovables. Su presidente tachó de "artificio contable" el argumento del déficit de tarifa.

En la anterior legislatura, el Grupo de ERC-IU-ICV ya acusó en el Congreso de los Diputados al Ministro de Industria (entonces era un socialista) de intentar asociar el déficit tarifario eléctrico a las primas pagadas a las energías renovables. Hoy, con Ministro popular, aquellas tesis de Miguel Sebastián siguen vigentes.

El Pleno debatió el 21 de julio de 2010 la Interpelación urgente para un nuevo cálculo del déficit tarifario en la que Gaspar Llamazares y Joan Herrera denunciaban que "El Ministerio de Industria está intentando recortar las primas a las renovables, ya que asocia el déficit a las primas de las energías renovables". Ahora que vamos a ser los más afectados por la prohibición de compra a Irán, pedían los diputados tener en cuenta "la cantidad de combustibles fósiles que se dejan de importar. Las primas a las renovables significan un sobrecoste mucho menor que el deficiente funcionamiento del mercado eléctrico que hincha los beneficios de las compañías y permite la existencia del déficit".

En la formulación ante el Pleno, Herrera dejó en evidencia que en un escenario "de acumulación del déficit sin precedentes, los beneficios de las eléctricas continúan siendo astronómicos. Lo que falla está claramente en la regulación, en nuestro modelo. En el último año el precio de las tarifas se ha incrementado y según han acreditado diferentes expertos, entre ellos Martín Gallego Málaga -quien fue secretario de Estado de Energía con el primer Gobierno de don Felipe González-, eso se debe a beneficios adicionales que podrían llegar a 5.000 millones de euros para las eléctricas y que no tendrían que haber llegado a esos 5.000 millones de euros. Esto sumado a los sobrecostes de los costes de la transición a la competencia, que podrían llegar a los 2.000 millones. [...] en sus planteamientos se olvidan del CO2 como análisis sin tenerlo en cuenta y no tienen ni siquiera presente un escenario más que probable, que es la subida del precio de los carburantes a partir del picoil en los próximos años. [...] con sus discursos, y probablemente con su política, lo que nos podemos encontrar -de hecho nos lo estamos encontrando ya- es un parón en el sector de las renovables mientras otros países en otras latitudes, China o Estados Unidos como ejemplo, van como un cañón [...] hoy las renovables exportan, por ejemplo, más que el sector del vino que, según el Ministerio de Medio Ambiente, ocupa a más de 109.000 personas. Sabe también que la eólica, por ponerle otro ejemplo, evitó la importación de combustibles fósiles por valor de 3.600 millones de euros, mientras que las primas fueron de 1.600 millones [...] en el año 2008 ustedes hicieron una apuesta por el solar en suelo, de forma muy distinta a lo que habían hecho en Alemania, solar en techo con modelo de generación distribuida, porque quizás ustedes optaron por lo que querían algunos. [...] lo que tendrían que hacer es no bajar las remuneraciones de forma global sino de forma concreta a aquellos que se instalaron incumpliendo la norma, a aquellos que regularizaron su situación sin estar conectados. [...] hoy el incremento de las renovables hace que aquellos que invirtieron mucho, especialmente en centrales ciclo combinado, dejen de ganar o no ganen tanto. Desde inicios de la anterior década a día de hoy tenemos el equivalente a 22 reactores nucleares en centrales de ciclo combinado instaladas; una barbaridad. El problema que tienen algunos es que para que estas centrales de ciclo combinado sean amortizadas deberían operar 5.000 horas y están operando 3.500, y Red Eléctrica dice que en el año 2016 operarán, por ejemplo, 1.700 horas. Ese es el problema, señor ministro, reconozcámoslo; cuanto más renovables hay, menos negocio hacen y menos amortizan sus inversiones. [...] en cambio ustedes no dicen nada de los beneficios caídos del cielo, los que en inglés se llaman los windfall profits. Y no dicen nada porque, simplemente, no quieren meter el dedo en el ojo a quien más tiene, cuando ustedes lo que tendrían que exigir es que si hay eléctricas que reciben de más, estas eléctricas dejen de recibir de más. Usted lo sabe tan bien como yo. Las hidráulicas, amortizadas. Centrales hidráulicas hechas por la dictadura de Franco, e incluso diría que de Primo de Rivera; o las nucleares amortizadas desde el año 1998, según acreditan distintos informes de diferentes expertos, que hoy cobran el precio de la luz al precio de la luz que la cobra la última inflación que ha entrado en el pool: las centrales de gas de ciclo combinado. De esta manera reciben de más; reciben mucho, mucho más. Las hidráulicas y las nucleares tienen unos beneficios netos en el año 2008 de 1.083 millones de euros según diferentes informes. En 2009, 1600; en 2008, los beneficios caídos del cielo fueron de 3.600 millones de euros. De hecho lo planteaba ya el Libro Blanco de la energía de Pérez Arriaga: saquen ustedes a la nuclear del pool. De hecho, recientemente Martín Gallego, en un artículo publicado en un diario de carácter estatal, planteaba precisamente que hoy con una regulación justa y equitativa nos ahorraríamos 5.000 millones de euros; nada más y nada menos lo que nos cuestan las primas de las renovables. [...] sólo apelan al esfuerzo de las renovables y a los grandes beneficios de las eléctricas, conseguidos, en gran parte, por costes de transición a la competencia más que discutibles. [...] si el precio de la luz sube es por una razón, porque los que están en la tarifa G4, los grandes consumidores, pagan de menos. Hay una transferencia -y así lo acredita la Comisión Nacional de Energía- del consumidor habitual a los grandes consumidores industriales. ¿Es eso política industrial? Sí, pero digámoslo, acotémoslo y reconozcámoslo. El precio de la luz para el consumidor habitual está por encima de lo que realmente cuesta generarla. Lo cierto es que este año, en que ha subido la demanda de electricidad un 5%, un 1,5 puede ser debido a las bajas temperaturas de este invierno, pero el 3,5 restante se debe, precisamente, a que las exportaciones han subido en estos sectores industriales muy intensivos en el consumo de electricidad. [...] Lo que tenemos que hacer es que la electricidad sea más cara para los consumos suntuarios. Eso significa, por ejemplo, implementar estrategias de gestión de la demanda, de ahorro y eficiencia, y el famoso contador inteligente, que las eléctricas no están cumpliendo. Además, hemos puesto un sistema propietario para que las eléctricas les tengan a ustedes, y a los gobiernos que vengan, atados de pies y manos más que nunca para que no se puedan mover ni un ápice en la gestión de la demanda y ustedes digan amén al sistema propietario. Lo que queremos hoy es ver cuál es la actitud real del Gobierno, entendiendo que, por ejemplo, aquellos que entraron de forma fraudulenta en 2008 en el régimen de energía fotovoltaica podremos decirles que se rijan por el modelo de 2009, pero diciendo también a las eléctricas que tienen que cumplir lo que no están cumpliendo. Lo que no puede ser es que les estemos dando mucho dinero de más y no digamos que se tiene que cambiar un régimen que lo que hace es calcular ese déficit de forma fraudulenta y en beneficio de las grandes eléctricas."

La respuesta de un ministro supuestamente socialista fue que "el problema lo tenemos en los peajes, en los costes regulados. Nosotros hemos defendido que las políticas intervencionistas no llevan a nada -la fijación de precios arbitraria no lleva a nada- y hemos optado por la liberalización, por la normativa europea, porque es importante que haya señales de precios correctas para evitar el derroche energético y decisiones de inversión equivocadas. [...] la otra mitad de los costes son de actividades reguladas, como el transporte, la distribución, las energías renovables o el coste financiero del déficit tarifario; [...] las actividades del Plan general de residuos radiactivos, que ya no están en la factura eléctrica, no están en los costes regulados, que también lo pagan las eléctricas -S.S. ha dicho que no pagan nada-, y también la financiación del sobrecoste de generación, es decir, el régimen insular o extrapeninsular, que se pagará no por la tarifa sino con el presupuesto del Estado. La eliminación del déficit de tarifa, señoría, solamente se puede hacer por dos vías: aumentando los ingresos del sistema o reduciendo los costes, fundamentalmente los regulados, dado que el término de energía funciona según parámetros objetivos de mercado y funciona bien".

El portavoz de ERC-IU-ICV pasó luego a enumerar las propuestas que había ido haciendo en la materia su Grupo: "ley de ahorro y eficiencia, presentada en esta Cámara, proposición de ley; ley de movilidad sostenible, presentada en esta Cámara por nuestro grupo parlamentario, proposición de ley; una proposición de ley sobre fiscalidad ambiental; proposiciones no de ley que le hablaban de un contador inteligente desde hace un montón de años cuando ustedes decían: no es posible sacarla adelante; [...] una cosa es que ustedes estén de acuerdo con el Partido Popular en mantener la Ley Piqué del año 1997, esa ley que ustedes denostaron y que no ha permitido que en este país se haga planificación. Una cosa es que ustedes entiendan por liberalización absoluta un modelo de régimen de monopolios prácticos. [...] Mire, informe de la Comisión Nacional de la Energía, de tres votos particulares, gente que se considera progresista. ¿Sabe qué dicen? Que eso hay que cambiarlo, precisamente para tener un modelo simplemente razonable. [...] Tengo el informe de Letur al Sol, una cooperativa, que algunos consideran especuladores en materia fotovoltaica. ¿Sabe qué pasa? Que una gran compañía eléctrica no hace los deberes y no pueden vender la electricidad que están produciendo. Traigo este caso concretísimo porque el problema, ¿sabe cuál es? Que ni las instituciones ni la Comisión Nacional de la Energía están al lado de estos pequeños instaladores. ¿Qué planteamos nosotros? [...] que se presente un informe en el Parlamento en el que se comparen las primas a las energías renovables, las asignadas a la cogeneración con combustibles fósiles y los beneficios caídos del cielo y las retribuciones e instalaciones de generación cuyos costes de producción sean significativamente menores [...] Cuando ustedes ponen un límite de hora, usted sabe que, depende de cómo, lo que están es contribuyendo a la ineficiencia porque, obviamente, si uno no puede aprovechar todas las horas de sol, para qué invertir".

El propio Ministro lo admitía: "Ahora mismo tenemos un traje energético grande para la demanda de energía, de electricidad de nuestro país. [...] las industrias, que en Cataluña son muy importantes, del automóvil, la papelera, la química, etcétera, están pagando una factura de electricidad que muchas veces no solamente se explica por la fotovoltaica pero sí en parte". Y, como el traje nos queda grande, lo cortamos por las renovables y ampliamos por el lado de las concesiones a las nucleares o la búsqueda de petróleo en la Canarias natal del Ministro.

El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer criticó duramente la firma por el Gobierno español y la UE del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) y anunció que hará "todo lo que esté en mis manos para evitar que el Parlamento Europeo lo ratifique el próximo junio". Ya en las primeras rondas de negociaciones en 2010, Meyer denunció el "oscurantismo y la falta de transparencia en la negociación", de la que se había excluido a los representantes del pueblo en el Parlamento Europeo mediante una "más que vergonzosa" cláusula de confidencialidad.

Meyer mostró su preocupación "por la ambigüedad, el carácter generalista del texto y, sobre todo, por ser una amenaza para la libertad en Internet y la libertad de expresión" y recordó que numerosas organizaciones alertan que las patentes del software "son un ataque directo a la innovación y el desarrollo tecnológico [...] Si el ACTA se hubiese firmado hace 20 años no existiría Internet tal y como lo conocemos".

El eurodiputadomostró su total desacuerdo con que "tanto en el Parlamento Europeo como en el resto de Instituciones Europeas se use solamente software privativo, cuando deberíamos acabar con la posición dominante de Microsoft y, en un proceso gradual, empezar a trabajar con software libre impulsando así la innovación y el desarrollo de tecnologías accesibles para todos". Se hace necesario tomar en Europa el camino que para esta legislatura se apunta en Extremadura con los planes de la Junta de migrar sus 40.000 ordenadores aún en Windows a Debian, y que, pese a toda la fama conseguida por nuestra región, aún utilizaban software privativo.

Recuerda el eurodiputado de IU que "no existen estudios que supediten el desarrollo tecnológico a la existencia de patentes del software, al contrario, las revoluciones tecnológicas como Internet o el llamado software libre han ocurrido gracias a la existencia de estándares abiertos no patentados [...] Desde las instituciones públicas se debería defender firmemente los estándares abiertos y la prohibición de las patentes de software, y el ACTA, opuestamente, desestabiliza enormemente los medios de distribución de software libre".

"El ACTA amplia de manera desmesurada el catálogo de violaciones de la ley y de delitos penales, alejándose de la necesaria apuesta por una mayor apertura en la producción cultural que, respetando siempre la autoría moral, permita la reutilización y la innovación". Quiso Meyer también enfatizar la necesidad de "luchar contra la tendencia actual que busca criminalizar la colaboración y los valores comunitarios en una de las pocas esferas donde todavía no se ha impuesto el individualismo". "Compartir no es robar" sentenció.

Doce días después del naufragio del 'Costa Concordia', con el resultado de 16 víctimas mortales y 22 desaparecidos, de los que 6 pueden ser los cuerpos de los que aún no se conoce el nombre, los buzos de la compañía holandesa Smit Salvage inspeccionan hoy el crucero tras haber descendido ayer unos 20 metros para estudiar las condiciones del casco y dar con la manera más segura de bombear las 2.380 toneladas de carburante depositadas en las bodegas, antes de comenzar a aislar el primer tanque de los 17 de los que se extraerá.

El responsable de la Protección Civil italiana, Franco Gabrielli, nombrado por el Gobierno de Mario Monti comisario extraordinario para la catástrofe, ha informado de que esperan comenzar el próximo sábado con la extracción del fuel. Se descarta que el crucero, parcialmente hundido frente a la isla del Giglio (Italia), se deslice hacia una sima de más de 90 metros de profundidad, lo que aumentaría el desastre ecológico.

Ayer se avistó frente a las costas de Giglio, una localidad de interés turístico, una mancha de hidrocarburo de cerca de 300 x 200 metros que se vertió el día del naufragio o siguientes y que se depositó en el fondo del mar, emergiendo ahora por las corrientes marinas. Además, basura y objetos de todo tipo procedentes del barco amenazan tanto el fondo marino como las costas, para cuya recogida las autoridades han pedido un plan a la naviera.

Pese a que las tareas de extracción del combustible parecen seguras -tras los movimientos de la semana pasada, el barco está sujeto en tres puntos por formaciones rocosas-, para evitar los movimientos que provocaría el vacío, mientras por una perforación en el casco se bombeará el combustible hacia unas cisternas, a través de una segunda apertura, se irá rellenando el tanque con agua de mar.

El 'Salina Bay', buque enviado por la Unión Europea especializado en labores de recogida de combustible, llegó este fin de semana a la zona, que forma parte de un parque natural marino considerado uno de los ecosistemas más importantes del Mediterráneo, para colaborar con la Smit Salvage. El propio director ejecutivo de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA, por sus siglas en inglés) admite que "es una contribución modesta después de un accidente tan trágico y serio como éste"; el buque permanecerá en la zona las próximas semanas "como medida de precaución".

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha solicitado al Gobierno italiano que restrinja el acceso de los grandes cruceros en zonas ecológicas y culturales importantes, en concreto en Venecia y su laguna: se "refuerza la antigua preocupación sobre el riesgo que esas líneas suponen a enclaves inscritos en la lista del Patrimonio Mundial [...] El tráfico de cruceros es particularmente dañino debido a la frágil estructura de la ciudad. Los barcos provocan mareas que erosionan los cimientos de los edificios, contaminan y afectan la visión de la ciudad al 'empequeñecer' los monumentos en el centro" de la urbe.

Diez días antes, se vertían 200 barriles de petrólero en el oleoducto terrestre de Nembe, en Nigeria, y otros catorce días más atrás una fuga en la plataforma petrolífera de mar abierto de Shell en Bonga, una de las mayores de esta multinacional en ese país, derramó 40.000 barriles de petróleo al océano Atlántico durante una transferencia "rutinaria" a un petrolero, el peor vertido en alta mar en la última década según los funcionarios nigerianos. Fotografías desde satélites de la organización independiente Skytruth muestran una mancha que abarca un área de 70 x 923 km. Trece comunidades dependientes de la pesca, que ha prohibido en la costa la autoridad nigeriana, se han visto seriamente afectadas por la contaminación petrolífera. Grandes cantidades de denso petróleo han aparecido en las playas, dejando peces muertos a su paso, aunque Shell elude toda responsabilidad achacando dicho crudo a otro accidente.

El vertido arroja serias dudas acerca de la viabilidad de las operaciones de perforación petrolífera en mar abierto de Shell, que utiliza estas instalaciones de prospección ultraprofunda en Nigeria como ejemplo del nivel de seguridad de esta tecnología.

Shell es el mayor operador del delta del Níger, la región petrolífera de Nigeria, y ha mantenido una posición dominante desde su llegada en 1937. El petróleo se encontró en Oloibri en 1956. Desde 1960, las exportaciones de petróleo han generado unos ingresos de 600.000 millones de dólares para el Gobierno y las multinacionales.

Precisamente a Nigeria (el Norte), y también a Camerún (Norte), Burkina Faso y Senegal se ha extendido la preocupación que ya existía para Níger, Mauritania, Mali y Chad, respecto a la inminente hambruna de la que advirtió ayer el relator especial de la Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación: "No se pueden cometer los mismos errores del año pasado, cuando los agentes internacionales retrasaron su respuesta a la crisis del Cuerno de África". Unicef cifra en un millón el número de niños que sufren riesgo inminente de desnutrición si la comunidad internacional no se moviliza, y un informe reciente de Intermón Oxfam y Save The Children señala que, si la respuesta internacional a la crisis humanitaria de Somalia, Kenia y Etiopía hubiese llegado a tiempo, se habrían evitado miles de muertes. La ONU declaró la hambruna en el Cuerno de África en agosto, 6 meses después de la alerta de las ONG: más de 50.000 personas murieron en la región entre abril y agosto, la mitad de ellos niños menores de 5 años.

La mayor parte de la población de Nigeria sigue viviendo en la pobreza y sin garantía de suministro estable de combustible, electricidad o agua potable, sin que les beneficien las grandes cantidades invertidas por las empresas petroleras europeas. Este país africano exporta el 20% de su petróleo a Europa y el 31% de su gas natural a España. Repsol planea una gran planta de gas en el país para extraer 7 millones de toneladas al año.

Shell y otras empresas han estado aprovechando la falta de regulación de la industria petrolífera en mar abierto de Nigeria y han ocultado la cantidad, volumen y consecuencias de los vertidos de crudo. En el Golfo de Guinea, lejos de la costa y de la vigilancia de inspectores y defensores del medioambiente, se suceden los vertidos, las fugas y el abandono de residuos con total impunidad. Se estima que en los últimos 50 años se han derramado entre 9 y 13 millones de barriles en el Delta del Níger, que equivale un desastre similar al del Exxon Valdez cada año.

En los 90, la minoría ogoni del delta movilizó a miles de manifestantes contra los desastres ambientales y sociales de la petrolera pidiendo el fin de sus vertidos diarios y la quema ilegal de gas (mezclado con petróleo), compensaciones económicas por daños ecológicos y la distribución de la riqueza generada por el petróleo. Desde 1993 Shell no ha vuelto allí, pero se dedicó a financiar al régimen militar nigeriano en una serie de operaciones armadas que acabaron con la vida de miles de ogonis. El 10 de noviembre de 1995, el escritor y activista Ken Saro-Wiwa y otros ocho miembros de su pueblo eran ejecutados por el gobierno nigeriano.

En agosto de 2011, el Programa de la ONU para el medioambiente (PNUMA) publicó un informe sobre el impacto de los vertidos en las tierras de los ogoni. La ONU condenó a Shell y a Nigeria por incumplir los estándares industriales y ocultar una contaminación del delta del Níger que llevaría tres décadas eliminar. Los científicos certificaron que los pozos de agua potable en territorio ogoni habían sido contaminados con benceno (agente cancerígeno presente en el crudo) en una tasa 900 veces por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

En octubre de 2011, un informe del grupo activista británico Platform reveló la complicidad de Shell en las graves violaciones de derechos humanos responsabilidad del gobierno nigeriano entre 2000 y 2010. La empresa alimentó los abusos sistemáticos (asesinatos, tortura...) financiando grupos armados que, en uno de los casos, fueron responsables de la destrucción de la ciudad de Rumuekepe, donde al menos 60 personas podrían haber sido asesinadas.

Shell, no obstante, ha obtenido permiso para iniciar las perforaciones en el Ártico en el verano de 2012. Las consecuencias medioambientales en un mar helado podrían ser catastróficas y prácticamente imposibles de eliminar.

Repsol también espera comenzar las operaciones en dos nuevos pozos de petróleo (Lubina-1 y Montanazo D-5) 40 km. mar adentro de las costas del Delta del Ebro, en Tarragona, en octubre de 2012. Según la presentación remitida por la petrolera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estos dos pozos aportarán 6.000 barriles diarios, quintuplicando la producción que procesa la plataforma Casablanca, con la que la conectarán tuberías submarinas.

Y ello pese a que el juzgado nº 3 tarraconense abrió la vía penal contra Repsol por indicios de delito en al menos dos fugas de crudo, que la empresa no notificó a las autoridades, ocurridas en mayo y junio de 2009 durante las tareas de prospección que determinaron la "viabilidad" de estos dos pozos submarinos de difícil acceso.

Sin negar el PSOE de Don Benito que la presión fiscal en la localidad sigue siendo menor que en otras ciudades comparables, ha vuelto a lamentar que el Ayuntamiento creara la tasa de cajeros automáticos -Banesto ganó 125 millones en 2011 tras dedicar 400 millones a limpiar ladrillo- y la de aprovechamiento de dominio público para las empresas de agua, electricidad, gas y telefonía -Movistar ingresa casi un millón diario por alquilar y reparar los teléfonos fijos- en septiembre de 2008. Incluso en su queja de que a la subida, también entonces, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se añada ahora el 10% más por el Decreto Ley de 30 de diciembre del Gobierno central, no se percibe ninguna propuesta de progresividad en el impuesto.

También subió entonces el gobierno de Mariano Gallego el impuesto de Actividades Económicas, las Plusvalías y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y se actualizaron las ordenanzas fiscales de la Guardería Rural y la recontribución especial. En 2011 se ha creado la nueva tasa del alcantarillado y ha subido la del agua.

Cuando el PSOE se queja de los impuestos en los que se puede gravar de distinta manera según el nivel de renta (aquel "Es de izquierdas bajar los impuestos" by Zapatero), es porque guarda para después impuestos en los que ricos y pobres pagan lo mismo, como el IVA. Poca credibilidad tendrá un PSOE que intenta dejar atrás su imagen neoliberal si Zapatero sigue siendo su timonel ideológico y perseveran en oponerse, sin distinción de destinatario del impuesto (sea la Banca o Movistar) ni ánimo de progresividad alguna, a los aumentos de presión fiscal.

El 5 de octubre el Director General de Relaciones Informativas y Comunicación de la Junta de Extremadura confirmaba en la Comisión de Acción Exterior, Juventud y Deportes del Parlamento regional que se va "recuperar y ampliar el espíritu de una ley que ya está, que es de 1996, pero que no se quiso poner en práctica": la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. El objetivo sería "despolitizar" esta materia, haciendo que las campañas institucionales "sirvan a sus destinatarios legítimos, los ciudadanos, y no a quienes las promueven".

Si, como dijo el Director General, "la dualidad entre la naturaleza política y ejecutiva de la acción gubernamental debe mantenerse en esferas comunicativas separadas", ¿por qué ha ordenado el nuevo concejal de Cultura de Mérida dejar de ofrecer en la hemeroteca de la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner el diario "Público" para comprar diariamente "La Gaceta de Intereconomía", de tirada mucho menor y que viene a unirse a "La Razón", "ABC", "El Mundo" y "El País" que ya se venían adquiriendo como diarios de tirada nacional?

De poco valdrá controlar que la publicidad institucional no sea partidista si la publicidad de los partidos se sigue haciendo con cargo a las instituciones.

Ni el pacto PP-PSOE para que la Ley del Suelo de Extremadura permita desarrollar proyectos como la urbanización de lujo con campo de golf de Valdecañas en suelo no urbanizable de zonas protegidas por la Red Natura 2000, ni la reedición del pacto PP-PSOE para rechazar en el Pleno del 27 de octubre de la Asamblea la derogación propuesta por IU, podría ser suficiente para hacer urbanísticamente legal el proyecto Marina Isla de Valdecañas.

El acuerdo PP-PSOE se proponía tumbar las dos sentencias de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que declaraban nula la figura urbanística del Proyecto de Interés Regional (PIR) y para este caso concreto. Fueron recurridas por la empresa Marina Isla Valdecañas, la Junta y la Diputación de Cáceres -en representación de los ayuntamientos de El Gordo y de Berrocalejo.

En un auto conocido ayer y dictado el día 13, el TSJEx ordena paralizar las obras y la ocupación y uso de las instalaciones hasta que el Supremo se pronuncie, estableciendo que la reforma introducida en el artículo 11 en abril del año pasado "no tiene eficacia retroactiva y, por tanto, no era aplicable al Proyecto de Interés Regional", como tampoco lo era el proceso de homologación urbanística aprobado por la Junta el pasado mes de septiembre y que se incluye en la Disposición adicional de la reforma.

Sin embargo, en este país se condiciona el cumplimiento del artículo 9.3 de la Constitución ("La Constitución garantiza [...] la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales") al pago de una fianza. Los magistrados reconocen carecer de criterios para cuantificar ésta y han instado a un acuerdo entre las partes, aunque ya el gerente de Isla de Valdecañas, Miguel Oñate, habló ayer de un importe "millonario" y proporcional a la inversión realizada (140 millones de euros, más otros 50 millones pendientes de ejecución).

Ecologistas en Acción, que presentó la petición de aplicación provisional de las sentencias del TSJEx para evitar que el proyecto continúe avanzando, solicitó en su escrito inicial que no se fijase fianza alguna. No obstante, el abogado del grupo ecologista, José María Trillo, cedió en una cuantía "en arreglo a nuestros limitados recursos".

Con Garzón apartado de la investigación de los crímenes del franquismo, fue la jueza federal argentina María Servini de Cubría quien, en respuesta a las presentaciones judiciales realizadas en Buenos Aires por familiares de víctimas franquistas, libró un exhorto, a finales del año pasado, para que la justicia española revelase nombres y domicilios de los ministros franquistas vivos, un listado de las empresas que se enriquecieron con el trabajo de los republicanos en prisión, obligados a la semiesclavitud en el mejor de los casos, e información sobre la cantidad y fechas de asesinatos, las más de 115.000 desapariciones y los más de 300.000 robos de niños.

Fernando Souto Suárez, presidente de la CMRH* de A Coruña, escribió a principios de enero a la jueza: “Usted debe saber que el gobierno de España no está investigando esos crímenes contra la humanidad. La justicia argentina es la única esperanza que nos queda para conocer la verdad y que se haga justicia”. Además de advertir que la Ley de Amnistía española fue interpretada como una “ley de punto final para no llevar ante los tribunales a los responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes que no prescriben”, aportaron información procedente de un trabajo sobre Manuel Fraga Iribarne realizado por la CMRH.

Miembro de ella es Rubén Alfonso Lobato, que, en entrevista a la revista argentina Debate, dijo creer del recientemente fallecido ministro de Franco que "bastantes actuaciones suyas pueden considerarse crímenes contra la humanidad. Fraga era miembro de un Consejo de Ministros que firmaba penas de muerte, por eso consideramos que tiene las manos manchadas de sangre. Ese Consejo también aprobaba cárceles y campos de concentración, despidos, exilios, el inicio de expedientes a periodistas y cierres de medios".

Enero fue despedido por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobando con los votos de PP, PSOE y UPD y la única oposición de IU, la propuesta de la alcaldesa, Ana Botella, de dar el nombre de Manuel Fraga a una calle o plaza de la ciudad para "rendir homenaje a la capacidad de los españoles por superar las dificultades en un determinado momento histórico". De Fraga ha destacado su "vocación se servicio público", que contribuyó a hacerle "ejemplo de conducta política".

El PSOE no ha dudado, pues, en dar una calle de Madrid a quien se afilió muy joven a la Falange Española de las JONS (el partido único de Franco), siendo secretario general del Instituto de Cultura Hispánica en 1951, secretario nacional del Consejo de Educación Nacional, secretario general técnico del Ministerio de Educación en 1953, y Consejero Nacional del Gobierno de Franco. El decreto 154/1961 de 2 de febrero, dice: “cesa el camarada Manuel Fraga Iribarne en el cargo de delegado nacional de Asociaciones de la Falange española tradicionalista y de las Juventudes Obreras Nacionales y Sindicalistas, agradeciéndole los servicios prestados” y firma Franco.

En 1969 fue recompensado por el Caudillo con el Ministerio de Información y Turismo (ministerio de Agitación y Propaganda) desde el que ordenó la publicación de la extremadamente represiva Ley de Prensa e Imprenta, junto con el Estatuto de la Publicidad, dos pilares para sostener al régimen. Consigue que haya censura posterior a la edición de los diarios, promoviendo, de ese modo, la autocensura de los periodistas.

Una pelea con el Opus Dei provocó su salida de esa cartera siete años más tarde, pero, entre tanto, "revitaliza las campañas periodísticas para justificar cuestiones del franquismo”, en palabras de Mariano Eloy Rodríguez Otero, profesor y director del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en historia de España moderna y contemporánea, que también señala que no es sencillo complicar a Fraga sin poner en cuestión la Transición española (“Por más que haya sido ministro franquista, es uno de los hombres que está ligado a algunos de los pilares de la Transición”), agrega que fue uno de los siete ponentes de la Constitución española y sostiene que para el dictador Francisco Franco era usual complicar a sus ministros en las penas de muerte o en los castigos más ejemplificadores.

El 1 de abril de 1963 se creó el Tribunal de Orden Público como herramienta para reprimir a los demócratas y privar las libertades individuales, que además cumple con las funciones del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Detenido ese año, el dirigente comunista Julián Grimau García, que había participado en la defensa de la República durante el Golpe de Estado, estuvo recluido en la Dirección General de Seguridad, donde actualmente funciona la Comunidad de Madrid, siendo arrojado desde un segundo piso hacia un callejón con el resultado de múltiples heridas en cabeza y manos: pese al trato “exquisito”, en palabras de Fraga, durante el interrogatorio abrió una ventana para “arrojarse de forma inexplicable”; el 20 de abril fue fusilado este “asesino repugnante” por orden del Consejo de Ministros en que se sentaba un Fraga que en una entrevista ya en este siglo lo seguía justificando. Cuatro meses después fueron ejecutados, a garrote vil, los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado.

En otoño de 2002, el Congreso de los Diputados rechazó una propuesta de Izquierda Unida para rehabilitar la memoria de Julián Grimau, porque el Partido Popular consideró que eso sería “reabrir un proceso para revisar la Transición”. El diputado de IU Luis Carlos Rejón contestó: “Es duro que uno de los verdugos esté rehabilitado y la víctima no. A Fraga se le dio la oportunidad de presentarse a unas elecciones y ser un padre de la Constitución. A mí me habría gustado que determinado Consejo de Ministros le hubiera dado la posibilidad a Julián Grimau de haber ido de número tres en la lista del PCE en 1977”.

En octubre de 1963 se produce un enfrentamiento entre Fraga y 103 intelectuales, encabezados por el poeta José Bergamín, que firmaba un escrito que el régimen ocultó denunciando las torturas y abusos cometidos por las fuerzas represivas contra las huelgas de la minería asturiana. Fraga justificó la represión; también la "posible" "arbitrariedad" de cortar el pelo al rape de las mujeres en que "las sistemáticas provocaciones de estas damas a la fuerza pública la hacían más explicable”.

Fraga regresó al servicio diplomático en 1969, para ser enviado en 1973 como embajador a Londres, donde presenció la serie de manifestaciones frente a la sede diplomática por los últimos fusilamientos ordenados por Franco. A la muerte de Franco, regresó con la idea de ser nombrado sucesor del Caudillo. Cuando el rey Juan Carlos decidió no nombrarle presidente, Fraga montó en cólera y exigió a Juan Carlos ser Ministro de Gobernación. Lo fue, junto con vicepresidente del gobierno, entre diciembre de 1975 y julio de 1976. Con Fraga en ese cargo, durante el tradicional Vía Crucis que organizaban las Carlotas en Montejurra (Navarra), tres personas fueron asesinadas por cuerpos de paramilitares dirigidos por un comandante del ejército.

Durante el mes de enero de 1976 unos seis mil trabajadores iniciaban una huelga en contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. El 3 de marzo tuvo un seguimiento masivo la tercera convocatoria de huelga general. En la Iglesia San Francisco de Asís en Vitoria estaba previsto realizar una asamblea de trabajadores metalúrgicos. Los testimonios señalan que Fraga llamó personalmente al cuartel de la Policía Nacional para que entraran a desalojarlos, una orden que no podía ser dada por un mando intermedio. Haciendo caso omiso de la decisión del párroco y del contenido del Concordato, la policía armada entraba conminando al desalojo. Segundos después disparaban gases lacrimógenos en un recinto cerrado y abarrotado creando el pánico. Manuel Fraga, Ministro de la Gobernación, y Rodolfo Martín Villa, Ministro de Relaciones Sindicales, resolvieron la situación a tiros con los que salían de frente medio asfixiados y con pañuelos en la boca y a palos por los flancos. Hubo cinco muertos y centenares de heridos.

Ese mismo año Manuel Fraga fundó Alianza Popular. En 1989, la refunda y pasa a ser el Partido Popular que gobernaría España. Fue diputado, senador y, desde el 5 de febrero de 1990, quien había sido en 1978 el líder del movimiento fascista que se opuso a las autonomías en España, y muy especialmente a la gallega, ocupó el puesto de presidente de la Xunta hasta 2005. Mientras que España crecía económicamente en el periodo 1991-1999, Galicia se hundía más y más en el paro y la miseria.

Fraga no sólo no ha renegado de su pasado franquista sino que lo incluye en sus “más de 50 años de servicio público” de que presumía al llegar al Senado en marzo de 2006. Un par de meses después, el Pleno del Senado debatió un texto en el que se honraba a aquellos que lucharon contra la dictadura y a las víctimas de la Guerra Civil. Pese a la eliminación de referencias al drama de los exiliados y el refuerzo de los elogios a los protagonistas de la Transición, el PP y Fraga votaron en contra.

Era también senador entonces, como número dos del Grupo Socialista, Enrique Curiel, fallecido en marzo de 2011, militante antifranquista en la izquierda clandestina. Su amigo Enrique Ruano murió a manos de la policía del régimen en 1969 y Fraga, entonces ministro, ayudó a tapar el asunto. Él mismo sufrió la violencia de la policía y la derecha tardofranquista, en años en los que Fraga había sido responsable de la seguridad del Estado.

Izquierda Unida volvió a la carga con la rehabilitación oficial de la figura de Julián Grimau y lo planteó en una moción a la Comisión Constitucional. Fraga se mantuvo sentado y en silencio mientras Eduardo Cuenca le acusaba, a dos metros, de organizar una campaña pública para justificar el asesinato y le exigía que pidiera perdón. Fraga levantó la mano para votar no, pero el PP perdió la votación.

En realidad Fraga estaba fuera de la actividad parlamentaria y se dedicaba únicamente al debate interno de su partido. Salió en público a decir que Gallardón, hoy ministro de Justicia, le había dado su "palabra de honor" de que seguiría en política pese a ser excluido de las listas al Congreso de ese año. Contra Esperanza Aguirre sólo se atrevió él cuando intentó echar a Rajoy del liderazgo del partido. Y contra el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, involucrado en la Gürtel, lo mismo.

Propuso en 2002 que se hiciera una conferencia de Presidentes que cuando Zapatero puso en marcha, fue ridiculizada y sus acuerdos boicoteados por el PP. Igual ocurrió con su idea de que las comunidades autónomas participaran en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional a través del Senado. Cuando, años después, el 21 de noviembre de 2007, se votó como ley para cumplir con el Estatuto de Cataluña, Fraga se ausentó reconociendo semanas después que se había ido por convicción, porque “no parecía razonable” votar en contra de su propia idea. Su partido, además, presentó un recurso de inconstitucionalidad.

En la presidencia de la Mesa de edad de la sesión inaugural del Senado en 2008, aprovechó para pedir llegar vivo a ver una reforma de la Cámara Alta. Aunque no en el sentido que deseaba, sí llegó a ver una reforma constitucional: la del techo de gasto.

Quien insistía en ser llamado "Don Manuel" se ha distinguido en los últimos años por sus declaraciones, en las que niega el Holocausto judío y los crímenes de la Inquisición española, o por considerar que Pinochet cometió "algunos excesos" pero dejó Chile mejor de lo que se lo encontró.

(*) CMRH = Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica